Un jefe de Información de la Policía ha asegurado que nadie le informó del dispositivo de Mossos para el 1-O, basado en un binomio en cada centro, hasta que sus agentes lo comprobaron a las 6.30 horas de aquel mismo día, como tampoco sabía que debían actuar a requerimiento de la policía autonómica.

Su testimonio sigue la línea marcada ante el tribunal del "procés" por otros altos mandos de Policía Nacional y Guardia Civil que afirmaron desconocer que el dispositivo pivotaba sobre los binomios de agentes, pese a que la cúpula de Mossos insiste en que el plan fue aprobado por el coordinador policial del 1-O, Diego Pérez de los Cobos, aunque éste en el juicio llegó a tacharlo de "estafa".

Hoy el comisario principal de Información de la Policía ha manifestado que no supo que el operativo de mossos consistía en un binomio "insuficiente" hasta que sus agentes lo comprobaron en el terreno a primera hora, ya que antes nadie le había informado pese a tratarse de un alto mando policial.

Un comisario de policía recuerda la participación del abogado de Junqueras como mediador en un colegio el 1-O. Agencia ATLAS / EFE

Fue a las 6.30 horas cuando vio que el dispositivo de mossos estaba mal diseñado y enfocado más concretamente a "un referéndum normal" y no a impedir una votación declarada ilegal.

"Antes no sabíamos nada", ha señalado de manera que nunca le dijo a sus subordinados previamente que tenían que actuar a petición de Mossos, como así recogía el plan A que el propio De los Cobos expuso ante el tribunal.

Sino que, ha precisado, al ver la actuación de Mossos a primera hora directamente actuó por iniciativa propia a las ocho de la mañana, aplicando ese "escenario B" del que habló el coronel, pero el cual no ha mencionado.

Eso sucedió casi una hora antes de que Pérez de los Cobos informara a los mandos policiales de la quiebra del dispositivo, pero, como ya sucediera con su desconocimiento de los binomios, el comisario tampoco supo nada de esa supuesta fractura.

El comisario ha cargado contra ese dispositivo que se encontró a primera hora de la mañana y que, por su forma de actuar a lo largo del día, le hace pensar que estaba "planeado para que se llevase a cabo el referéndum", dado que muchos permitieron que se hiciera el recuento con ellos presentes e incluso dos agentes llegaron a contar votos.

Ver cómo los votantes contaban los votos el 1-O, hacer "manifestaciones acerca de que podían llevarse las urnas a casa", impedir el acceso a un colegio situando un coche en la puerta, recoger los votos en la calle o ir de un colegio a otro para "entorpecer" su labor han sido algunos de los ejemplos que ha dado el comisario sobre la actuación de los Mossos aquel día.

"No contamos nunca con el apoyo de los Mossos", ha dicho el comisario, imputado en la causa que investiga la actuación policial en la sede de la CUP el 20-S, quien más allá de considerar que algunas de esas actuaciones fuesen "a título personal" de los agentes de Policía autonómica, ve "terrible" que algunas de ellas respondiesen a un dispositivo fallido.

Por contra, ha calificado de "quirúrgica" la intervención policial en la que los agentes priorizaron la seguridad de los votantes "en detrimento" de la suya, pese a encontrarse ante lo que fue un "sistema de resistencia de carácter subversivo".

Como ya es habitual en las declaraciones de los agentes de las fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado, ha insistido en los seguimientos que hicieron "equipos camuflados de mossos" a guardias civiles y policías.

Al margen del juicio, la noticia ha estado en Barcelona donde la jueza del 1-O ha procesado a 30 investigados, entre ellos varios exaltos cargos del Govern, por malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación; al tiempo que ha elevado a 4,3 millones de euros el importe del gasto público "realizado o comprometido" para la celebración del referéndum.

No obstante, la magistrada ha dejado fuera al exsenador de ERC Santi Vidal y al arquitecto jurídico del "procés" Carles Viver i Pi Sunyer, quienes hace semanas rechazaron testificar en el juicio del Supremo al estar imputados.

Ya en un plano político, el tribunal del "procés" ha considerado que no tiene competencia para decidir sobre la petición de Jordi Sànchez, candidato de JxCat al Congreso, de celebrar un debate electoral en la cárcel madrileña de Soto del Real, por lo que devuelve el asunto a la Junta Electoral Central.

La pelota pasa así al máximo órgano Electoral, que debe pronunciarse sobre si permitir o no el debate, toda vez que Prisiones ya le remitió un informe desfavorable en el que consideraba que celebrarlo "supondría una alteración de las normas regimentales del centro penitenciario".

Sobre lo que sí deberá pronunciarse el Supremo -y pronto- es sobre la puesta en libertad de los cinco candidatos presos, una decisión a la que la Fiscalía se opone por considerar que el riesgo de fuga se ha incrementado al tener más sesiones del juicio en abril y mayo.

Y, además, por tener en cuenta el "liderazgo e implicación" de los cinco encausados, que hace que el riesgo de reiteración delictiva persista.

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