El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha presentado este miércoles la querella que había anunciado contra la Junta Electoral Central (JEC) por presunta prevaricación y ha replicado a la querella de la Fiscalía en su contra denunciando que en el Estado "la represión no para".
Torra ha anunciado su querella ante el Supremo contra la JEC por prohibir lazos amarillos en edificios públicos y a la vez ha valorado, a través de un comunicado, la querella que ha presentado contra él la Fiscalía Superior de Cataluña por desobedecer la orden del organismo electoral.
"Queda claro que la represión no para" y que el Estado "es incapaz de tolerar la discrepancia política", ha dicho Torra, quien ha prometido mantenerse "siempre firme en la defensa de los derechos civiles, sociales y nacionales", entre ellos "la libertad de expresión", que es "baluarte de la democracia", ha añadido.
Torra ha avanzado que, ante la querella de la Fiscalía, va a presentar los recursos y alegaciones pertinentes, aunque ha puntualizado: "Como en el caso del juicio al procés, no nos defenderemos de nada, sino que acusaremos al Estado de su involución democrática".
En cuanto a su querella contra la JEC, Torra ha indicado que si el Supremo la desestima, va a llevar el caso "hasta donde sea necesario".
Delito de prevaricación administrativa
La querella es por una presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa por parte de los miembros de la JEC, quienes, según el texto, eran conocedores de que dictaban "una resolución no adecuada a derecho y, a sabiendas de que la misma resultaba imposible de acatar, decidieron adoptar tal decisión".
En la querella se denuncia que las resoluciones de la JEC "distan mucho de ser ajustadas a derecho, siendo su contenido totalmente aleatorio y arbitrario, toda vez que el mismo se modifica en cada una de ellas, rompiendo, por tanto, la regla de exhaustividad que es necesaria en aquellos supuestos en los que, como aquí, se limitan derechos fundamentales".
La querella define así la actuación de la JEC como "una persecución política en toda regla y, esta vez, mediante resoluciones administrativas limitativas de derechos fundamentales y de carácter eminentemente sancionador".
