Lo han utilizado todos los Gobiernos desde la restauración de la democracia, pero su utilización en la última legislatura, tanto por el anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el actual, Pedro Sánchez, han reactivado el debate, político y jurídico, sobre el decreto ley, la norma jurídica de "extraordinaria y urgente necesidad" que ha permitido al Ejecutivo socialista sacar adelante medidas como la subida del salario mínimo interprofesional, la exhumación de Franco o, este mismo viernes, la rebaja a 52 años de la edad mínima para percibir los subsidios destinados a desempleados mayores.
El artículo 86.1 de la Constitución da forma a esta norma con rango de ley que emana directamente del Gobierno y que entra inmediatamente en vigor. El contenido del decreto ley tiene 30 días para ser debatido y, en su caso, aprobado o derogado por el Congreso de los Diputados. Al estar disueltas las cámaras, donde el actual Gobierno no tiene mayoría, es ahora la Diputación Permanente del Congreso la que debe decidir si convalida los decretos ley que le están llegando del Ejecutivo en el último mes, donde el Consejo de Ministros ha dado luz verde a medidas de, sobre todo, calado social y laboral.
Los decretos ley más importantes del Gobierno de Pedro Sánchez
Exhumación de los restos del dictador Francisco Franco para sacarlos del Valle de los Caídos
Subida del Salario Mínimo Interprofesional desde los 735,90 hasta los 900 euros
Recuperación de la sanidad universal para todos aquellas personas que estén en España
Equiparación de permisos de maternidad y paternidad y control de las horas extra
En los casi dos años de Gobierno de Rajoy en esta legislatura, la duodécima en democracia, se aprobaron 30 decretos ley, uno menos que en los algo más de nueve meses de Pedro Sánchez en Moncloa. PP y Ciudadanos han protestado contra las últimas iniciativas del Ejecutivo de Sánchez. Los decretos deben estar justificados en una "extraordinaria y urgente" necesidad, como recuerda Ignacio García Vitoria, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, que señala asimismo que esta norma jurídica, al contrario que un proyecto de ley, "no permite presentar enmiendas", lo que a juicio de muchas voces daña la calidad del debate democrático. La actual composición de la Diputación Permanente permitiría al Gobierno sacar adelante los contenidos de esos decretos si une sus votos a los de Podemos, ERC, PDeCAT, PNV y Compromís.
Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, cree que, al igual que han remarcado otros expertos del mundo jurídico, se ha producido un "abuso" de esta figura legislativa por parte de Gobiernos de uno y otro signo, aunque no obstante considera, al igual que García Vitoria, que en sentido estricto las decisiones del Gobierno no vulneran lo expuesto en el reglamento del Congreso de los Diputados.
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, recibe el aplauso de los diputados en su despedida. EFE
La controversia es de carácter más político. "Da la impresión de que el decreto ley ha pasado de ser algo excepcional a una herramienta ordinaria. Ha habido un cambio en la manera en que los Gobiernos manejan estas iniciativas", dice el profesor de la Complutense. Para Javier Tajadura, el problema nace en el "obstruccionismo" de la oposición, aunque es igualmente criticable el comportamiento del Gobierno. "La Mesa del Congreso de los Diputados paraliza los proyectos de ley del Gobierno, a lo que el Ejecutivo responde con decretos ley. El problema es que se parte de una situación de anormal funcionamiento de las instituciones en España, donde el Gobierno no gobierna y el Congreso no legisla. En esta situación, aspectos como los decretos ley se vuelven problemáticos", explica.
Esta semana la presidenta del Congreso de los Diputados, en cuya Mesa PP y Ciudadanos forman mayoría con 5 de nueve diputados, ha encargado un informe a los letrados de la cámara en la que pide un análisis sobre si los decretos ley que se tramitan entre legislaturas pueden ser tramitados después por las Cortes entrantes como proyectos de ley con enmiendas o si ese paso lo puede realizar la propia Diputación Permanente. "Los letrados son un cuerpo independiente y con prestigio. Sus informes son muy respetados por los órganos de dirección de las cámaras y creo que su dictamen será rápido. Pero no es infrecuente que existan lagunas o dudas interpretativas sobre el reglamento del Congreso", indica Ignacio García Vitoria. Para Tajadura, existe una clara "intencionalidad política" en la utilización de los decretos ley, puesto que "todos los Gobiernos han recurrido a ellos cuando les han venido bien". Uno de los problemas, considera, es que el Tribunal Constitucional, ante el cual se pueden plantear recursos si se estima que los motivos que debe aducir el Gobierno no están basados en ese carácter extraordinario y urgente requerido, ha sido "laxo" y no ha remarcado con claridad cuales deben son los requisitos objetivos para ello.
