El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha prohibido salir de España y ha acordado la retirada de pasaporte al inspector jefe de la Policía José Ángel Fuentes, tal y como le pidió la Fiscalía tras tomarle el pasado jueves declaración por la operación Kitchen, que fue diseñada para espiar a Luis Bárcenas.

Con esta decisión, son ya cinco los policías que supuestamente participaron en la operación Kitchen a los que el juez ha prohibido salir de España sin autorización judicial.

El juez adoptó en enero esta medida para el que fuera número dos de la Policía Eugenio Pino, para el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño, El Gordo; para el policía Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, y para el exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, que le sustrajo documentos al extesorero actuando como confidente policial.

Además de Fuentes Gago, ayer también compareció ante el juez el inspector jefe Bonifacio Diaz Sevillano para el que la Fiscalía optó por no requerir la prohibición de abandonar el país al estar éste aún desarrollando su labor como agregado de Interior en la embajada de España en México, han informado fuentes jurídicas.

Para el que no se plantearon pedir medidas los fiscales del caso fue para el ex jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, conocido por sus enfrentamientos con el excomisario José Villarejo y que ayer también fue citado ante el juez.

Los tres, todos ellos implicados en la llamada "guerra de los comisarios", fueron llamados a declarar después de haber sido imputados tras la comparecencia del que fuera su máximo responsable, el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, que rechazó que el dispositivo para vigilar a Bárcenas fuera ilegal.

Con esta decisión, García Castellón imputó ya a toda la cúpula policial que pudo estar implicada en el espionaje a Bárcenas que se puso en marcha en 2013 cuando Jorge Fernández Díaz era el ministro del Interior.

Tras interrogar como investigado al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, el juez llamó a declarar a Pino y a El Gordo, quienes defendieron la legalidad de la operación, que redujeron a un mero dispositivo para vigilar a Bárcenas tras conocerse su fortuna en Suiza.