El responsable de la coordinación policial para frenar el 1-O, el teniente coronel Diego Pérez de los Cobos, ha subrayado que los Mossos actuaron esa jornada con "pasividad absoluta", incluidos los 233 centros en los que habían pedido apoyo, pero en algunos más -diez u once- donde "intentaron obstruir físicamente la actuación" de la Policía o Guardia Civil llegando a provocar situaciones "delicadas".

Pérez de los Cobos ha comparecido este martes como testigo en el juicio del 'procés' a petición de la Fiscalía, que considera su testimonio fundamental para apoyar el relato de violencia que exige el delito de rebelión, por su rol como coordinador sobre el terreno de Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil ante el referéndum del 1-O.

El coordinador del operativo policial ha criticado el plan de los Mossos, desde su concepción con "binomios" de agentes sin capacidad para actuar, hasta la aplicación: "El mecanismo estaba hecho para que no funcionara".

Pérez de los Cobos ha querido dejar claro que "no hubo ninguna intervención contra votantes" aquella jornada, solo contra aquellos que impedían el acceso a los colegios, pero con "un uso exquisito" de la fuerza.

Ha explicado que "no hubo ninguna intervención contra votantes", sino que solo se actuó contra aquellas personas que trataban de impedir el acceso a los locales para impedir el mandato judicial pero siempre con un "uso exquisito de la proporcionalidad".

Y ello, ha dicho, pese a que "hubo casos en los que la situación de violencia fue muy grave", como aquellas "imágenes de un guardia civil en el suelo recibiendo una patada en la cabeza".

Pérez de los Cobos ha tachado además de "insuficiente, inadecuado e ineficaz" el dispositivo de los Mossos el 1-O, un plan "más encaminado a facilitar la realización del referéndum ilegal que a impedir su cumplimiento".

Los Mossos contaron en los colegios las condiciones para no actuar

Además, Pérez de los Cobos ha acusado este martes a los Mossos d'Esquadra de aprovechar sus visitas a los colegios electorales los días previos a la convocatoria para informar de sus planes de actuación y dar a conocer que si los centros estaban llenos o había presencia de menores y personas mayores no actuarían.

Así lo ha indicado a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, ha afirmado que las visitas de los Mossos a los locales de votación los días previos tuvieron "la finalidad contraria a lo que se pretendía", ya que en lugar de avisar que debían clausurarse esos centros antes de las seis de la mañana del día 1, comunicaban que tendrían que estar desalojados salvo que se encontraran "una masa de ciudadanos que lo dificultara" porque "en ningún caso harían uso de la fuerza".

El coronel ha explicado que esta circunstancia "fue conocida por distintas organizaciones sociales para hacer un llamamiento de manera que se configurara antes de las seis de la mañana ese escenario definido por los Mossos como aquel que iba a imposibilitar sus actuaciones".

"Les decían que a las cinco hubiera tal número de gente que a las seis se encontraran los mossos con no poder actuar y especialmente serían comedidos si en esos grupos ademas de numerosas personas hubiera mayores, niños o colectivos vulnerables, que es lo que es justo lo que había dicho el mayor Trapero en la reunión de la Junta de Seguridad del 28 de septiembre", ha afirmado.

La relación con Trapero y la dimisión de Batlle

Además, Pérez de los Cobos ha detallado la "difícil relación" que tuvo con el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, que no reconocía su autoridad y que pidió su salida al considerarle una "injerencia" del Estado.

Como siempre ha manifestado en sus declaraciones en la fase de instrucción tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional, De los Cobos ha relatado los choques que mantuvo con el mayor y que demuestran que "la relación con Trapero siempre fue difícil".

Según el relato de De los Cobos, Albert Batlle dimitió como director de los Mossos d'Esquadra a dos meses del referéndum cuando oyó que el nuevo conseller de Interior Quim Forn aseguró al tomar posesión que la policía autonómica garantizaría que se pudiera votar con libertad y seguridad el 1-O.