Colau se reunió con Puigdemont después de que el Constitucional anulara el referéndum

En su declaración como testigo en el juicio por el proceso independentista en Cataluña, Colau ha explicado que en ese encuentro Puigdemont y ella estuvieron de acuerdo en "dar apoyo político" a la convocatoria de referéndum y en "no poner en riesgo penal a ningún funcionario".

"Queríamos que todo el mundo tuviera la tranquilidad para que se pudiera votar con normalidad. Entendíamos que la suspensión como tal era en sus efectos jurídicos, pero no estaban suspendidos los derechos políticos", ha remarcado, para añadir después de forma rotunda que si lo que se está juzgando en el Tribunal Supremo es la celebración del referéndum, también deberían estar sentadas en el banquillo de los acusados "millones de personas".

Para la alcaldesa de Barcelona, la jornada de votación fue un ejemplo de "movilización pacífica, pero para defender derechos fundamentales". Un acto "que no fue de ningún partido político, fue de la gente, de millones de personas auto organizadas", ha añadido.

Exigió a Millo que pararan las cargas policiales

No obstante, ha indicado que la jornada se vio "alterada" por las cargas policiales en los colegios y, por ello, ese día, además de "ciudadana", tuvo que actuar como alcaldesa cuando llamó al entonces delegado del Gobierno, Enric Millo, para "exigir que pararan".

Colau ha aprovechado su comparecencia para pedir que se aclare quién dio la orden de iniciar esas cargas porque, en su opinión, "no se pueden producir por iniciativa espontánea", sino que considera que tuvo que haber "una instrucción política y la ciudadanía tiene derecho a conocer la realidad".

El 20-S fue "pacífico y masivo"

La regidora, que al inicio de su declaración ha mostrado su "incomodidad profunda" por tener que responder "a un grupo de extrema derecha", en alusión a la acusación popular ejercida por Vox, ha calificado de "excepcional" la situación que se produjo el 20 de septiembre de 2017 a raíz de los registros por orden judicial en diferentes sedes de la Generalitat, hechos a los que se ha referido como "escándalo democrático" y por "motivos políticos".

Pese a reconocer que no estuvo presente en la concentración frente a la Consejería de Economía, ha señalado que fue informada puntualmente de lo que allí acontecía por miembros de su equipo de Gobierno y se ha referido en varias ocasiones a la movilización como "pacífica" y de respaldo ciudadano masivo. Ha apuntado que los servicios municipales que participaron --de cuya actuación se dio cuenta al tribunal mediante un informe-- no apreciaron daños materiales y únicamente tuvieron que poner más vallas "para garantizar la movilización pacífica".

La "sensación de excepcionalidad" se vió intensificada, a juicio de Colau, por el hecho de que se conociera que "la policia intentó entrar la sede de la CUP sin orden judicial". También ha reconocido la participación de organizaciones sociales --incluídas la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural-- junto con sindicatos o rectores universitarios en una concentración en la plaza de Santa Jaume bajo el lema "defendamos las instituciones".

En este punto, y en el turno de intervención de Alex Solá, que defiende al líder de Ómnium, Jordi Cuixart, el presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, ha intervenido para advertir a este letrado de que no podía poner sobre la testigo "el peso" de tener que hacer una explicación de orden sociológico sobre el comportamiento de la ciudadanía en las movilizaciones de esos días.

Lo que sí se ha permitido expresar la alcaldesa ante el tribunal es que considera a Cuixart como "una persona muy querida" en Barcelona, además de "pacífica, de consensos y dialogante", por lo que ha afirmado que se le "parte el alma" al verle en situación de prisión provisional y sentado en el banquillo de los acusados.