El expresidente de la ANC y diputado de JxCat Jordi Sànchez ha sostenido que la secretaria judicial pudo "salir por la puerta" tras el registro del 20S, a través del pasillo de voluntarios que organizó la entidad, pero "declinó" hacerlo puesto que "tenía la percepción de que no era seguro".

A preguntas del fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, Sànchez ha dado explicaciones de la concentración que se celebró a las puertas de la sede del Departamento de Economía de la Generalitat, donde la Guardia Civil practicaba un registro por orden del juez de Barcelona que investigaba los preparativos del 1-O.

Según ha mantenido Sànchez, la letrada del juzgado -que salió del edificio de madrugada, a través del edificio contiguo- y los agentes de la Guardia Civil que practicaron el registro "no tenían limitado el acceso a la movilidad", dado que había otras personas que "transitaban sin ningún tipo de inconveniente" por el pasillo de voluntarios que montó la ANC.

El presidente de la ANC considera que no fue "normal" la forma en que salió la letrada, pero ha insistido en que "se daban todas las circunstancias para que hubiera podido salir por la puerta, entre otras cosas porque nadie la conocía".

En opinión de Jordi Sànchez, "la letrada declinó la salida porque tenía la percepción, la percepción -ha reiterado- de que no era seguro", pero ha recalcado que no hubo "ni un momento en que a alguien se le impidiera la salida o hubiera un agresión".

Asimismo, ha recalcado el diputado, "no hubo riesgo para la integridad física de ninguna persona, ni daño en el edificio que hiciera prever que se estuviera a punto de producir un asalto en el Departamento".

Sànchez se ha desmarcado también de los incidentes ocurridos de madrugada en la concentración, porque, ha argumentado, "la mayoría de manifestantes se había ido gracias a las distintas llamadas que hicimos para que se abandonara la protesta".

Conversaciones con Trapero

Además, Sánchez ha destacado que el 20-S alertó al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero de que "había armas largas" en los coches patrullas de la Guardia Civil que estaban destrozados junto a a Consellería.

Aquel 20 de septiembre, Sánchez ha admitido que mantuvo varias llamadas con Trapero "porque fue un día ciertamente intenso", que él ha dividido en tres bloques.

Por la mañana hablaron de la gestión de habilitar un pasillo para la comisión judicial, pero fue a media tarde cuando la situación se complicó al recibir una llamada de un teniente de la Guardia Civil.

"Me comunicó que en los coches que habían estado estacionados delante sin vigilancia inmediata había armas largas", ha señalado, algo que le generó una tensión como pocas veces ha vivido en cualquier otra concentración.

"Una acción concreta de unos individuos"

Sànchez ha querido dejar claro que "lo que no es ajustado ni proporcionado es creer que una acción concreta, criticable, denunciable, por parte de unos individuos, pocos, se presupone, pero pocos, sea la excusa para criminalizar, penalizar a una movilización de 40, 50, 60.000 personas que estaban presentes de manera cívica, responsable y ejerciendo su derecho de protesta".

Ahora bien, ha rechazado que los Mossos le encomendaran funciones de orden público, una competencia que estaba en todo momento bajo responsabilidad de lo Mossos y de la Guardia Civil.

Lo que el hizo fueron "labores de servicio de orden" pues la normativa de las concentraciones recoge la "responsabilidad de los convocantes en ofrecer un mínimo servicio de orden para garantizar que las cosas se desarrollen con normalidad".

La actuación judicial podía ser "protestada"

Sànchez ha reconocido que el 20S convocó a manifestarse ante la sede del Departamento de Economía, porque una decisión judicial debe ser "respetada pero no le exime de ser protestada", aunque cree que el "efecto llamada" lo hicieron los medios.

En repuesta al fiscal Zaragoza, Sànchez ha explicado que la operación de registros contra el referéndum que ordenó el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona generó "una sensación de protesta e indignación", dado que se trataba de unas diligencias secretas y cuestionadas en los últimos meses.

Sànchez ha reconocido que la ANC decidió convocar una protesta ante la sede de la consellería de Economía, que estaba siendo registrada, por entender que ello "forma parte de los elementos de funcionamiento democrático".

"Una resolución judicial debe ser respetada pero no le exime de ser protestada si consideramos que no es ajustada a la ley", ha abundado el diputado de JxCat, que lleva año y medio en prisión y afronta 17 años de cárcel por un delito de rebelión agravada con malversación.

Forn le pidió ayuda "en materia de seguridad"

También ha relatado que sobre las doce del mediodía recibió una llamada del entonces consejero del Interior, Joquim Forn, quien le pidió ayuda "en materia de seguridad" con voluntarios de ANC para garantizar la entrada de personas de la comitiva judicial. Este tipo de dispositivos se hacía en otras movilizaciones organizadas por la ANC, aunque en esta ocasión no se pudo preparar previamente.