El exconseller de Justicia Carles Mundó ha alegado este miércoles que "atendió" los requerimientos del Tribunal Constitucional para suspender el 1-O y ha negado que se gastara dinero público en el referéndum, en un tenso interrogatorio en el que se ha enzarzado en más de una discusión con el fiscal.
Mundó, de ERC y que afronta siete años de cárcel por los delitos de malversación y desobediencia, ha sido interrogado por el fiscal Javier Zaragoza, que se ha estrenado así en la declaración de un acusado después de que otros, como Oriol Junqueras y Raül Romeva, se hayan negado a contestar al ministerio público.
En su declaración, el exconseller de Justicia se ha desvinculado de la organización del 1-O, las leyes de referéndum o las movilizaciones del 20-S o la DUI, hasta el punto de que en algún momento se ha negado a contestar preguntas relacionadas con esos asuntos, argumentando que no guardan relación con los delitos de que está acusado.
Mundó, que permaneció en prisión preventiva poco más de un mes por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, ha sostenido que "atendió" los requerimientos del TC, desde el día 15 de septiembre de 2017, fecha en que recibió la correspondiente notificación.
"Desde entonces no realicé ningún acto o disposición para incumplir esos requerimientos", ha subrayado.
La declaración de Mundó, abogado de profesión, se ha enredado en múltiples rifirrafes con Javier Zaragoza, lo que ha llevado al presidente de la sala, Manuel Marchena, a advertirles: "vamos a evitar el debate".
En una de esas discusiones, Zaragoza y Mundó han polemizado a cuenta del valor jurídico de la ley de transitoriedad o de las atribuciones del conseller de Justicia, que el fiscal ha definido como un tipo de "asesor jurídico" del gobierno catalán, a lo que el procesado se ha opuesto argumentando que ésa es la opinión del ministerio público.
"Mi opinión es importante, ¿no?", le ha espetado entonces Zaragoza, ante lo que Mundó ha soltado "como la de todos", en uno de los momentos más agrios del interrogatorio, en el que el exconseller ha reprochado al fiscal que le atribuya "facultades" para "interpelar" a sus compañeros del ejecutivo, que no le corresponden.
El exconseller de Justicia ha explicado que firmó junto al resto de miembros del Govern de Carles Puigdemont el decreto de convocatoria del referéndum, algo que no añadía "valor jurídico" al hecho, pero que "enfatizaba el carácter político de ese momento".
Preguntado por la declaración de independencia que el Parlament aprobó el 27-O, se ha negado a contestar al fiscal aduciendo que esa cuestión no es objeto de la acusación contra él.
