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Cataluña

Los jueces del 'procés', bajo el foco de las presiones

Ignacio González Vega y Raimundo Prado, portavoces de Jueces para la Democracia y la Francisco de Vitoria, resaltan la alta capacitación de los magistrados

Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzga el 1-O. Europa Press

El juicio a los responsables de la organización del referéndum independentista del 1-O en Cataluña va a ser uno de los más importantes en la historia política de España desde la restauración de la democracia, con una repercusión similar a la que tuvieron en su momento los procesos por el 23-F, el terrorismo y la corrupción. Pero no va a resolver el problema político del encaje de esta comunidad autónoma en el ordenamiento territorial español, apuntan los portavoces de dos de las asociaciones de jueces más importantes de España, Ignacio González Vega (Jueces para la Democracia) y Raimundo Prado (Asociación Judicial Francisco de Vitoria).

Ambos representan a sendas asociaciones de magistrados que van a contar con dos afiliados en el tribunal encargado de juzgar las acusaciones de, entre otras, rebelión y sedición que pesan sobre los procesados. Así, por parte de Jueces para la Democracia, de orientación progresista, estará la magistrada Ana Ferrer, mientras que por parte de la Francisco de Vitoria, de posición moderada, estará su fundador, Andrés Martínez Arrieta. El resto de magistrados del tribunal, presidido por Manuel Marchena, serán Luciano Varela, Andrés Palomo, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, estos tres últimos considerados más proclives al bloque conservador, si bien esta es una etiqueta que en el panorama judicial admite distintas intensidades que en muchas ocasiones no presuponen decisiones en uno u otro sentido.

"Los magistrados del Supremo tienen un oficio indudable como jueces y están preservados de cualquier presión"

Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia

González Vega y Prado elogian la “alta” capacitación profesional de los magistrados y descartan que se dejen afectar por las presiones que, en una u otra dirección, les puedan llegar. No obstante, creen que "indudablemente", esas presiones existirán. "Tienen un oficio indudable como jueces y están preservados de cualquier presión", dice el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD). Raimundo Prado va más allá: "Los jueces tenemos que estar aislados de presiones. Si las críticas [a los magistrados] llegan de manera democrática y tolerable no ocurre nada, pero si llegan a suponer coacción o violencia hacia ellos, pasan de ser presiones a hecho delictivos que no deben permitirse. Cada juez tiene sus ideas políticas, pero lo que está claro es que todos los magistrados nos debemos a la ley", añade.

De izquierda a derecha, y de arriba a abajo, los siete magistrados del Supremo: Manuel Marchena, Antonio del Moral, Luciano Varela, Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Andrés Martínez Arrieta. EFE

La sentencia "no resolverá" el "problema político" de Cataluña

Sin embargo, los dos portavoces de ambas asociaciones creen que la sentencia, cualquiera que sea, no resolverá el "problema político" que existe en Cataluña, y que según González Vega, atañe al "encaje del Cataluña dentro de la ordenación territorial del Estado". "Estamos ante un problema constitucional de gran calado", añade el representante de Jueces para la Democracia. Por su parte, Raimundo Prado estima que la sentencia no arreglará la controversia política, "pero sí va a demostrar que el Estado de Derecho funciona en España", aunque lamenta que "los políticos descargan en los jueces la labor de hacer política" y reclama "más medios profesionales" para que todos los jueces españoles puedan realizar sus tareas diarias.

Lo que sí tienen claro ambos es que cualquier insinuación del independentismo contraria a la imparcialidad de la Justicia no tiene base. “Aquí se está juzgando por razones jurídicas y no políticas. La sociedad debe tener claro que quienes incumplen el Código Penal van a ser juzgados, sean quienes sean, porque todos iguales ante la ley”, incide Raimundo Prado. "El sistema judicial español es plenamente garantista y responde a los estándares europeos de protección a los Derechos Humanos", señala González Vega, para quien un hipotético recurso de los políticos catalanes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no debería constituir un motivo de desacreditación de la Justicia española. "Si recurren a Estrasburgo, no debería ser visto como algo extraordinario. Está previsto en nuestro sistema".

"Aquí se está juzgando por razones jurídicas y no políticas. El Estado de Derecho funcona en España"

Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria

Asunto distinto es, en su opinión, que el independentismo traslade sus quejas políticas a organismos internacionales no vinculados a tribunales judiciales. "Resulta sorprendente que se hable de observadores internacionales cuando vamos a estar ante un juicio en el que el principio de transparencia es pleno, con transmisiones en ‘streaming’ desde el primer día hasta el último", concluye.

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