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El Supremo juzga el «procés»

El juicio más esperado inicia su andadura en pleno clima pre-electoral y en medio de una gran expectación internacional

El Supremo juzga el «procés»

Este martes el Tribunal Supremo comenzará uno de los juicios más esperados e importantes de su historia reciente y cuyo desenlace afectará a buen seguro al clima político en Madrid y en Barcelona, así como en el resto de una España que ya respira ambiente pre-electoral, con unos comicios locales, autonómicos y europeos en poco más de tres meses que el bloque de derechas -PP,Cs y Vox-, entiende como una «moción de censura ciudadana» al Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

El «procés» independentista culminado en otoño de 2017 con una consulta soberanista -la del 1-O-, y con una declaración unilateral de independencia suspendida (DUI), llega, pues, al Supremo con la vista puesta también en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para cuya aprobación necesita el Gobierno del cada vez más difícil apoyo de PDeCAT y ERC.

Nueve exconsellers, una expresidenta del Parlament y dos dirigentes de movimientos sociales convertidos en auténtico símbolo del independentismo se sentarán en el banquillo, acusados buena parte de ellos de un delito de rebelión por la Fiscalía y de sedición según la Abogacía del Estado.

Se trata de Carme Forcadell, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs.

A la cabeza de todos ellos el exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, a quien la Fiscalía pide 25 años de cárcel por rebelión agravada con malversación y la Abogacía del Estado 12 años de cárcel por sedición y malversación. En ausencia de Carles Puigdemont, huido a Bélgica, es la cabeza visible del Govern que impulsó el 1-O y la DUI.

Considerado como el principal promotor del «procés» dentro del Govern, Junqueras es considerado por la acusación el responsable último de la preparación y ejecución del 1-O y, dice la Guardia Civil, decidió ir hasta el final pese a las advertencias del Gobierno y de los Mossos de d'Esquadra.

¿Rebelión o sedición?

¿Hubo realmente violencia en el «procés» o fue solo una «actitud hostil»? La cuestión no es baladí y, de hecho, la respuesta del tribunal marcará el futuro de buena parte de los acusados, ya que es precisamente la cuestión de la violencia la que determinará el elemento central del juicio: ¿Rebelión o sedición?

«La clave, a mi juicio fundamental, para el desarrollo del juicio es dilucidar si hubo violencia o no, dado que esto significa pasar de un delito de rebelión a otro de sedición, lo cual implicaría una rebaja de penas importante. Aquí se van a enfrentar los relatos de la Fiscalía frente a los de las defensas, y será el tema fundamental para el destino de los presos soberanistas», sostiene Ernesto Pascual, politólogo y experto en Derecho Constitucional de la Universitat Oberta de Catalunya (OUC).

La Fiscalía lo tiene claro. En su opinión el «procés» fue la «crónica de una rebelión anunciada» porque algunos acusados sabían que podría desatarse la violencia y no lo impidieron pese a las advertencias de los Mossos d'Esquadra.

Y es por ello que atribuye este delito a nueve acusados, entre ellos Junqueras. Su actuación va más allá del «levantamiento público y tumultuario» propio de un delito de sedición y encajaría de lleno en la rebelión, que castiga, según el artículo 472 y siguientes del Código Penal a «quienes se alcen violenta y públicamente para, entre otros objetivos, declarar la independencia».

El Ministerio Público nunca lo dudó ni un ápice, principalmente a raíz de los «violentos sucesos» en la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017 o de las agresiones contra agentes el 1-O, que son las dos actuaciones que sustentan la base de la violencia, entendida desde un punto de vista físico, es decir, con incidentes. Aunque la Fiscalía va más allá y defiende un concepto más amplio de violencia, entendida como una forma de presión para obligar al Estado a «capitular» a la independencia de Cataluña.

Y como ejemplo plantea la «incendiaria convocatoria», dice, del 20-S en la citada Conselleria, donde se congregaron 60.000 personas para impedir la actuación de la comisión judicial que registraba el edificio, de la que hace responsables directos a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Estrategias de defensa

Una visión, por cierto, en las antípodas de la de las defensas, que hablan de violencia policial unidireccional, aquella que sufrieron los ciudadanos que solo querían votar el 1-O, y de unos dirigentes pacíficos dirigiendo un proceso igual de pacífico.

Afirma Pascual que «va a haber dos tipos de estrategias» de defensa. La primera, «aquella que habla de juicio político y por lo tanto es una desacreditación general del sistema político y judicial español». La segunda, «más técnica, como ha adelantado el abogado de Joaquim Forn, que consistirá en que no hubo nunca violencia ni conspiración y que tratará de desmontar así el argumentario de la Fiscalía».

En otras palabras, explica el politólogo de la UOC, «unos harán una enmienda a la totalidad del sistema político y judicial español y otros letrados irán a desmontar técnicamente el relato de la Fiscalía».

Las alusiones a la violencia lo impregnan todo en esta causa. No hay escrito o interrogatorio en el que no tenga protagonismo ya sea por acción, como Fiscalía y Vox, o por omisión. Tal es el caso de la Abogacía, cuyo escrito de acusación se desmarcó de la línea fijada por la Fiscalía y optó por ver «una actitud hostil» donde antes apreció violencia. Un cambio de criterio que le costó su puesto al jefe del área Penal de la Abogacía del Estado, Edumdo Bal, relevado precisamente por sus críticas.

La «batalla» del relato

Parte de la estrategia del soberanismo se ha basado en dar una proyección internacional a su enfrentamiento con el Estado español. La presencia de Puigdemont y otros exconsellers huidos en Bélgica y los roces que ello ha provocado entre los ejecutivos belga y español son una buena muestra.

Por esta razón, este juicio puede servir de plataforma para «vender» su mensaje en el extranjero: la idea de una España de baja calidad democrática y represora del derecho a la libre autodeterminación.

El Gobierno lo sabe, por eso el Ministerio de Exteriores lanzó recientemente un vídeo titulado «This is real Spain», para dar una respuesta a la esperada ofensiva mediática independentista y en el que han participado personajes como la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, y el montañero y aventurero Jesús Calleja. Una iniciativa que para el presidente catalán, Quim Torra, no es más que un «organismo del Estado para crear 'fake news'».

La «batalla» del relato será sin duda otro de los frentes donde se van a ver confrontadas las visiones contrapuestas de lo que sucedió en aquel otoño de 2017 de infarto. Por ello este juicio va a ser televisado y celebrado ante la mirada escrutadora de más de 600 periodistas acreditados de 150 medios -50 de ellos extranjeros, la mayoría de Alemania, Francia, Suiza, Holanda, EE UU, Rusia y China-.

Y para ellos la Generalitat catalana habilitará el centro Blanquerna de Madrid -sede de la delegación del Govern en la capital-, para dar información sobre el juicio a los medios internacionales «sin filtro».

El tribunal

Seis hombres y una mujer serán los encargados de dirimir la responsabilidad penal de los acusados, en un tribunal presidido por el juez Manuel Marchena.

La media de edad de sus miembros es de 63 años, dos no están asociados a ninguna asociación, otros dos a la Asociación Profesional de la Magistratura (calificada de conservadora), dos más a la de Jueces y Juezas para la Democracia (progresista), y el restante a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Se trata de un tribunal que estuvo a punto de ver modificada su relación de fuerzas tras el pacto frustrado entre PP y PSOE para intentar renovar el Congreso General del Poder Judicial (CGPJ), y que implicaba situar a Marchena como presidente de este organismo -aún sin renovar-.

Pero tras renunciar el juez reivindicando su independencia, las aguas volvieron a su cauce en el tribunal. Ahora, todas las miradas estarán puestas en ellos. Comienza la sesión.

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