31 de enero de 2019
31.01.2019
Caso 'Cursach'

Diario de Mallorca amplía la querella por la requisa de los móviles al fiscal Juan Carrau

Le acusa de inducir al juez Florit y les atribuye a los dos un delito de interceptación de comunicaciones

31.01.2019 | 19:46
El fiscal Juan Carrau.

Diario de Mallorca, Europa Press y los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou han ampliado su querella por la requisa de los móviles de ambos informadores y el registro de sus redacciones, interpuesta el mes pasado contra el juez del caso Cursach, Miquel Florit, al fiscal anticorrupción Juan Carrau, al que consideran inductor de los presuntos delitos. La ampliación de la querella, interpuesta inicialmente por prevaricación judicial, delito contra la inviolabilidad del domicilio y delito contra el secreto profesional de los periodistas, incluye un cuarto hecho presuntamente delictivo: interceptación ilegal de comunicaciones.

La ampliación de los presuntos autores y de los hechos delictivos se hace tras tenerse conocimiento, a través de la sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), que investiga la querella desde el 18 de diciembre, de autos dictados por el juez Florit en una pieza separada del caso Cursach por presunta revelación de secretos.

Esas resoluciones, de las que los querellantes solo han tenido acceso a una, aunque, de documentos obrantes en esa causa presumen que existen varias, fueron dictadas antes del polémico auto de Florit de 11 de diciembre pasado, donde ordenó la requisa de los móviles de Mestre y Pou y el registro de sus sedes de trabajo.

En un auto dictado el 28 de noviembre, el instructor del caso Cursach ordenó a una compañía telefónica que facilitase un listado de llamadas de Pou, así como datos de su geoposicionamiento. Con anterioridad el mismo juez también ordenó a otras compañías datos similares de Kiko Mestre y de Pou.

Estos autos suponen, según la ampliación de la querella, un presunto delito de interceptación de las comunicaciones, nuevos hechos prevaricadores y un delito contra el ejercicio del derecho a la información al vulnerar el secreto profesional de los periodistas.

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