El Tribunal Supremo estudiará si el permiso extraordinario de urgencia concedido, sin avisar previamente al alto tribunal, al exconseller Josep Rull para ver a su hijo hospitalizado fue irregular y, en su caso, determinar si se pudo cometer algún delito.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que la Sala que enjuiciará los hechos se reunirá próximamente para estudiar esta cuestión y deliberar sobre la misma y, en el caso de observar que se ha podido cometer algún delito, lo enviarán a la Fiscalía para que informe al respecto.

Rull, en prisión preventiva en la cárcel de Lledoners (Barcelona), salió el pasado sábado 5 de enero del centro penitenciario para visitar a su hijo en el hospital, una salida de la que no se informó previamente al Supremo y que cuando se hizo a posteriori, no se remitió documentación médica alguna del menor.

Rull fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Sant Joan de Déu de Manresa (Barcelona) para visitar a su hijo, que la víspera de Reyes, y durante un vis a vis familiar, se cayó y sufrió una fuerte conmoción en la cabeza, lo que le produjo una pérdida de conocimiento.

Los servicios médicos tuvieron que evacuarlo de urgencia y en ambulancia hasta el Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, donde pasó unas horas desorientado, sin reconocer a sus familiares, aunque, finalmente, los facultativos le dieron el alta y pudo pasar la noche de Reyes en casa.

Consultado por los servicios penitenciarios, el juzgado de guardia de Manresa ha recordado que el reglamento penitenciario prevé la concesión de permisos extraordinarios de urgencia por parte de la administración competente.

El artículo 161.4 de dicho reglamento penitenciario faculta al director general para autorizar un permiso extraordinario para casos de urgencia.

La Fiscalía, por su parte, ha apuntado que apoyó ante el juez de guardia de Manresa (Barcelona) que el exconseller Josep Rull pudiera salir de la cárcel de Lledoners para ir a visitar a su hijo hospitalizado, si bien el juez no adoptó ninguna decisión al concluir que la competencia recaía en el Tribunal Supremo.