E l PSOE e IU-ICV llegaron ayer a un acuerdo para desbloquear la tramitación del proyecto de ley de memoria Histórica al incorporar una nueva referencia que establece la «ilegitimidad» de los tribunales franquistas y de las condenas dictadas por motivos ideológicos o políticos durante la dictadura.
Aunque el espíritu del texto presentado en el Congreso por el Gobierno había sido respaldado por todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, dos de los principales socios del Ejecutivo como son IU-ICV y ERC consideraban que era insuficiente y planteaban como «irrenunciable» la supresión de los llamados juicios sumarísimos del franquismo.
En el artículo 3 del nuevo texto pactado entre PSOE e IU-ICV se recoge una fórmula que podría satisfacer a ambos grupos para solventar este escollo, de manera que se declara la «ilegitimidad» de los tribunales y de todos los órganos penales o administrativos constituidos durante la Guerra Civil y la dictadura. Se declaran «ilegítimas», asimismo, las resoluciones de estos organismos dictadas contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior de la II República.
Reconoce además el derecho a obtener una declaración de reparación y recuperación personal, familiar y moral a quienes en la Guerra Civil y el franquismo padecieron persecución o violencia por razones políticas o ideológicas.
Como política pública, la nueva redacción del artículo 1 pretende fomentar los valores y principios democráticos para facilitar el conocimiento de los hechos y circunstancias de esa etapa histórica, así como asegurar la preservación de los documentos relacionados con ella y depositados en archivos públicos.
Se suprimen los artículos 5, 6 y 7 del proyecto del Gobierno, de manera que se descarta la creación de la figura de un tribunal de notables encargado de analizar cada caso concreto y reconocer individualmente a cada una de las víctimas.
El portavoz parlamentario del PSOE, Diego López Garrido, hizo un llamamiento al resto de grupos, y de manera especial al PP, para que se incorporen a este acuerdo, al entender que puede aglutinar el consenso general.
López Garrido hizo hincapié en la voluntad del Gobierno y del grupo parlamentario socialista para reunir la máxima aquiescencia sobre la forma reparar los daños causados en la Guerra Civil y en el franquismo y hacer un reconocimiento moral a quienes fueron perseguidos en esa etapa de la historia española.
Hay que «restañar las heridas, todas las heridas», de quienes fueron perjudicados por «un régimen no democrático, una dictadura represora y una terrible Guerra Civil», dijo el portavoz del PSOE. Para López Garrido, el acuerdo logrado durante la jornada de ayer es un «significativo» y «determinante» avance para que ley vea la luz en esta legislatura.
El portavoz del grupo de ERC en el Congreso, Joan Tardá, aseguró que su formación no avalará el acuerdo porque «no reconoce jurídicamente la condición de víctima del franquismo» y tampoco «anula las sentencias de todos los tribunales políticos del franquismo». Además, calificó de «mera excusa» que se alegue que es imposible anular esos juicios sumarios porque ya «se llevó a cabo en Alemania en 1998».
El presidente ejecutivo del PCE, Felipe Alcaraz, rechazó el acuerdo y afirmó que su partido «se siente traicionado» porque «se ha negociado a espaldas del PCE» y, de este modo, «se frustran» las expectativas de la formación y las asociaciones de izquierdas. CiU y PNV, dos grupos parlamentarios que pueden ser vitales para sacar adelante la Ley de la Memoria Histórica, mantuvieron ayer sus discrepancias sobre algunos de los puntos de la norma.
El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, consideró que el acuerdo alcanzado entre PSOE e IU-ICV supone «enterrar definitivamente la Transición democrática» y derriba el «pilar fundamental» de la reconciliación entre los españoles. Zaplana criticó a López Garrido, por callar que la nueva redacción del proyecto de ley elimina la «equidistancia» entre republicanos y sublevados, lo que, según su interpretación, supone que «solamente se repare el daño de unas víctimas y no de otras víctimas».
«Identifican a buenos y malos», alertó Zaplana, quien comparó a estos dos partidos con el franquismo, porque su conducta, dijo, es propia de las «dictaduras». «Según su análisis, detrás de este «disparate» se encuentra un «interés» de querer hacer ver algo «tan insólito y falso» como que el PP puede estar defendiendo a uno de los bandos, algo que negó con rotundidad.
