El Tribunal Supremo celebrará el próximo 18 de diciembre una vista pública en la que estudiará si es o no competente para juzgar al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y a los otros 17 acusados en la causa del 'procés', en lo que supone el paso previo para enfilar el juicio el próximo año.

Se trata de la vista del artículo de previo pronunciamiento, es decir el equivalente a las cuestiones previas del juicio, donde el alto tribunal debe analizar la solicitud de las defensas de que sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) quien juzgue los hechos.

Según su versión, es el alto tribunal catalán y no el Supremo quien debería sentarles en el banquillo dado que el proceso soberanista catalán y los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre y el referéndum del 1-O tuvieron lugar íntegramente en Cataluña.

Por primera vez, las defensas de los 18 acusados acudirán al Supremo a una vista celebrada por un tribunal de siete jueces, presidido por Manuel Marchena, y en la que estarán presentes la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox.

No así los acusados que a día de hoy no han solicitado asistir a la misma y que, según fuentes jurídicas consultadas por Efe, no se prevé que acudan.

Un día después de la vista, según dicta la ley, cuando la Sala encargada de enjuiciar a los líderes independentistas decida sobre las cuestiones previas planteadas y, en el caso de admitir su competencia, las defensas contarán con un plazo 10 días para presentar sus escritos.

Todo ello a la espera de que la Sala fije definitivamente la fecha del juicio que, previsiblemente, tendrá lugar en el mes de enero.

En un auto, del que ha sido ponente Marchena, el tribunal desestima las peticiones de documentación de las defensas por no resultar necesarios para la vista.

El análisis de los hechos alegados en los escritos, dice el Supremo, "enriquecido por las alegaciones que en el acto de la vista se formulen por las defensas será determinante del desenlace del presente incidente".

En esta causa, es Oriol Junqueras quien se enfrenta a la petición más alta de prisión: la Fiscalía pide 25 años de cárcel para él por rebelión, mientras que la Abogacía del Estado solicita 12 años por sedición.