La "responsabilidad compartida" entre todas las comunidades autónomas para atender a los migrantes que llegan a España y especialmente a los menores, es uno de los asuntos que los consejeros pondrán hoy sobre la mesa de la Conferencia Sectorial de Inmigración que preside la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.
Se trata de la primera Sectorial de Inmigración desde 2015 y su objetivo es que Gobierno y comunidades analicen la situación migratoria actual, con más de 22.000 llegadas en lo que va de año -más de 600 durante el fin de semana-, y las líneas de actuación para hacerle frente.
La Junta de Andalucía ya ha anunciado que propondrá "un sistema de responsabilidad compartida" entre las comunidades autónomas para acoger a los menores inmigrantes no acompañados que están llegando a sus costas.
Así lo avanzó el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, que detalló que al encuentro acudirán los responsables autonómicos de inmigración y menores y que destacó el "gran esfuerzo" que está haciendo el Gobierno andaluz en la recepción de menores no acompañados.
"Estamos en cifras de más de 6.000 menores acogidos en los centros de la Junta que, incluso, ha tenido que habilitar hace tres semanas un crédito de 3,5 millones que hemos absorbido y consumido en menos de tres semanas", resaltó la pasada semana Jiménez.
En este sentido, recalcó que "hay que ayudar" para que las condiciones de vida de estos menores sean las mejores posibles, pero dijo que "hay que ser solidarios entre todos".
La petición de Andalucía es compartida por el Gobierno vasco, que ya ha señalado que tanto la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, como el responsable de Política Familiar y Diversidad, Ernesto Sainz Lanchares, defenderán la "responsabilidad compartida" en la reunión.
La reunión de la Conferencia Sectorial se produce después de que la Comisión Europea haya anunciado que ampliará en otros tres millones de euros la ayuda inicial de 26,5 millones que otorgó a España para la asistencia de emergencia a los inmigrantes y de que el Gobierno haya impulsado un plan de choque de 30 millones hasta fin de año para atender la presión migratoria.
Fundamentalmente, este plan de choque consta de subvenciones dirigidas a proyectos de ONG para reforzar los dispositivos migratorios en la frontera sur, atender a los inmigrantes a pie de playa, ampliar las plazas de atención humanitaria y crear un nuevo servicio de asistencia y supervisión.
