Los últimos incidentes protagonizados por manteros, como la agresión a un turista en Barcelona o a unos mossos en una operación contra la venta ilegal en Salou (Tarragona), han agudizado el conflicto que crea el top manta en el espacio público y las demandas de una actuación urgente para erradicarlo.
Las disputas entre algunos manteros con los vecinos, comerciantes y turistas en algunos de los espacios más concurridos de las poblaciones costeras y, en especial, de la capital catalana, hasta ahora infrecuentes, han desatado la polémica en las calles y en las redes sociales este verano.
También se han incrementado los enfrentamientos en el marco de los dispositivos policiales desplegados en contra de esta actividad ilegal, en los que manteros y mossos y policías locales llegan a acusarse mutuamente de agresiones.
Las asociaciones de comerciantes subrayan que los manteros venden productos falsificados y de dudoso origen, sin ninguna garantía para los compradores, ocupan la vía pública, no pagan ningún tipo de impuesto y perjudican al comercio local y así reclaman a las administraciones medidas para evitarlo.
Las de hoteleros y restauradores advierten de que, además, la ocupación ilegal del espacio publico por parte de los manteros y los incidentes que se derivan perjudican el turismo.
Pocos resultados parecen estar dando las políticas de la Generalitat y los ayuntamientos, encabezados por el de Barcelona, contra la venta en la manta, que incluyen medidas punitivas, policiales y sociales, como los planes de empleo para que los vendedores abandonen la actividad ilegal.
Tanto el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, apuntan que la erradicación del top manta pasa por reformar la legislación actual para otorgar permisos de trabajo temporales a los manteros, ya que la mayoría son inmigrantes en situación irregular en España, e impedir la llegada de mercancía falsificada.
Violencia racista
Por su parte, el colectivo de apoyo a los vendedores ambulantes sin licencia Tras la Manta denuncia la "normalización" de la violencia racista contra los manteros por parte de turistas y policías y sostiene que los miembros de este colectivo acostumbran a actuar en "legitima defensa".
En cambio, desde los sindicatos policiales se exige más voluntad política para luchar contra la venta ambulante y denuncian la "permisividad" de los ayuntamientos con esta actividad ilegal en el espacio público.
En este sentido, denuncian la situación de vulnerabilidad en que se encuentran tanto cuando acuden a discusiones entre los vendedores y ciudadanos, como cuando intervienen para requisar productos falsificados, que son su mercancía más habitual y que hay una "escasa contundencia punitiva" por parte de las autoridades políticas en episodios de violencia contra el colectivo policial.
Por contra, los gobiernos locales niegan que la venta ambulante ilegal goce de impunidad.
En Barcelona, el Ayuntamiento pone en valor las 70.000 sanciones por venta ambulante que interpuso el año pasado y el incremento de efectivos de la Guardia Urbana este verano.
La alcaldesa accidental, la teniente de alcalde Laia Ortiz, ha puesto énfasis esta semana en que se trata de "un problema que no es sólo de la ciudad de Barcelona, sino un fenómeno global que afecta a muchos municipios, especialmente del litoral de la costa catalana" y "reclama mayor esfuerzo económico y de recursos de todas las administraciones" y "responsabilidad y lealtad institucional".
