23 de marzo de 2018
23.03.2018
Desafío independentista

El juez procesa por rebelión a Puigdemont y otros 12 líderes independentistas

Entre los procesados también están Jordi Turull, último candidato a la Generalitat, Junqueras, Forcadell y Marta Rovira

23.03.2018 | 07:59
Forcadell, Bassa y Romeva a su llegada al Supremo este viernes.

Procesados por el Supremo

  • Por rebelión: El expresidente catalán Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, y los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Toni Comin, Dolors Bassa, Clara Ponsati y Raúl Romeva. También los expresidentes de ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium, Jordi Cuixart, además de la parlamentaria Marta Rovira, de ERC, y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.
  • Por malversación y desobediencia: Los exconsejeros Meritxell Serret, Meritxell Borrás, Lluís Puig, Carles Mundó y Santi Vila.
  • Por desobediencia: Cinco miembros de la Mesa del Parlament: Lluis Corominas, Lluis Guino, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet y Anna Simó. También las parlamentarias de la CUP Anna Gabriel y Mireia Boya.

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado este viernes por los delitos de rebelión al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras, al candidato Jordi Turull, a la expresidenta de Parlament Carme Forcadell, a la número 2 de ERC Marta Rovira y a otros seis exconsejeros, además de a los exresponsables de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez y Ömnium Cultural Jordi Cuixart. La Fiscalía pide el ingreso incondicional de Turull, Forcadell, Raúl Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa.

No son procesados por ningún delito el expresidente Artur Mas, la coordinadora del PDECAT Marta Pascal y la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras.

En el auto de procesamiento, el juez procesa además a los otros 5 exmiembros del Gobierno catalán cuando sucedieron los hechos, Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, por delitos de malversación de caudales públicos, y de desobediencia.

A Puigdemont, Junqueras y los siete consejeros procesados por delito de rebelión también les procesa por malversación, sin perjuicio de que su calificación pueda incardinarse en el delito específico de malversación (artículo 432 del Código Penal) o quedar absorbida en el delito agravado de rebelión con distracción de caudales públicos de su legítima inversión contemplado en el artículo 473.2 del Código Penal.

Llarena: el "diseño criminal" del 'procés' sigue "latente"


Llarena justifica el procesamiento de un total de 25 investigados en la causa que instruye contra el proceso independentista en Cataluña porque el "diseño criminal" de la hoja de ruta que culminó con la declaración unilateral de independencia (DUI) puede no haberse interrumpido con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y que parece estar "latente y pendiente de reanudación una vez que se recupere el pleno control de las competencias autonómicas".

Así lo manifiesta el magistrado en el auto de procesamiento, en el que advierte de que la causa que investiga supone "un ataque al Estado constitucional que, con la voluntad de imponer un cambio en la forma de gobierno para Cataluña y del resto del país, integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno, más aún por haberse desplegado aprovechando las facultades políticas y de gobierno que la propia Constitución otorga precisamente para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma y del país".

Para argumentar el procesamiento por rebelión, Llarena destaca que esta figura delictiva "trata de preservar los principios esenciales de una convivencia democrática, respecto de aquellos ataques que puedan lesionar de modo profundo a los elementos más estructurales de nuestra organización política".

A su juicio, la consumación de este delito no exige alcanzar o declarar de manera efectiva la independencia, sino que agota su contenido material con la mera realización de la conducta consistente en alzarse violenta y públicamente.

Para el juez, los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre de 2017 "reflejan todas las exigencias que se han identificado para un actuar violento y aún para la violencia". Y también expone que el delito tiene una configuración plurisubjetiva o de intervención múltiple, que hace de la rebelión una realidad delictiva esencialmente acorde con el reparto de tareas entre sus distintos partícipes.

Así, considera "evidente que la minuciosa ideación de la estrategia con la que pretendía imponerse la independencia en el territorio, permite considerar que los principales responsables de estos hechos siempre hubieron de representarse que el proceso terminaría recurriendo a la utilización instrumental de la fuerza".


Fundamentos del auto judicial

En cuanto a Puigdemont, Junqueras y Joaquim Forn, el auto detalla que en la reunión de coordinación policial del 28 de septiembre previa al referéndum del 1-0, fueron advertidos por los responsables de los Mossos del grave riesgo de incidentes violentos ante el referéndum.

El juez considera que conocían la gravedad de la protesta del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía y decidieron continuar con el referéndum, llamaron a la población a la movilización e impulsaron un operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado.

En cuanto a la hoy huida Marta Rovira, Llarena también le atribuye rebeldía por su "participación esencial" en la ideación de mecanismos de actuación, impulso parlamentario de una legislación de soporte y coordinación de sectores de la administración, y responsabilidad ante el referéndum para lograr plena disponibilidad de centros de votación.

Ocurre algo muy parecido con Jordi Turull, a quien atribuye indiciariamente los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos por impulsar la movilización desde sus funciones de portavoz de la Generalitat. Además, le acusa de gestionar y diseñar la inserción publicitaria del referéndum, coordinar infraestructuras informáticas para la votación y reclutamiento de voluntarios.

El auto detalla también la intervención del exconsejero de Exteriores Raul Romeva, a quien atribuye rebelión y malversación de fondos públicos por impulsar la creación de estructuras del Estado y favorecer el reconocimiento de la República Catalana en el extranjero a través de Diplocat.

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