El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido arrancar el 2018 impulsando su capacidad legislativa y este viernes debatirá en el Consejo de Ministros varios anteproyectos de ley, entre ellos, el que modificará el Código Penal para ampliar los casos en que se puede aplicar la prisión permanente revisable.
El pasado domingo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya anunció en Córdoba que este viernes llevarán al Consejo de Ministros una anteproyecto para ampliar los supuestos en que se aplica la prisión permanente revisable. Y dijo a quienes buscan derogar esta pena que "están en su derecho", pero recalcó que "el dolor" de las víctimas y sus familias "por desgracia no es revisable".
Fuentes del Ejecutivo han señalado que se trataría de "mejorar" esta pena para incluir nuevos delitos a los que se aplique. Así, incluiría la prisión permanente revisable para los culpables de asesinato que no colaboren e intenten ocultar el cadáver, para los secuestros que acaban en muerte, y para los casos de muertes que implican el uso de elementos químicos o nucleares, o por incendios provocados.
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Ese acto de Rajoy en Córdoba con algunos familiares de víctimas provocó fuertes críticas de la oposición. Desde el PSOE, que están a favor de la derogación de la prisión permanente revisable, se acusó al PP de "utilizar a los muertos". Por su parte, Ciudadanos se mantiene en la abstención, a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional.
Planes de pensiones
Además, el Ejecutivo estudiará un Real Decreto que modificará el reglamento de los planes y fondos de pensiones que, entre otras cuestiones, permitirá a partir del año 2025 liquidar sin limitaciones las aportaciones realizadas durante al menos 10 años a los planes de pensiones, así como los rendimientos generados.
Desde el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad han precisado que se podrán hacer líquidas a partir de 2025 las aportaciones con al menos diez años de antigüedad, es decir, las realizadas hasta 2015. Las realizadas a partir de 2016 deberán esperar hasta 2026 y así sucesivamente.
El Real Decreto contempla la sustitución de la comisión de gestión máxima de los planes de pensiones, fijada actualmente en el 1,5%, por su sistema de tres tramos en función de las diferentes políticas de inversión de los propios fondos.
En concreto, la comisión máxima de gestión de los fondos de renta fija se reducirá hasta el 0,85%, mientras que en el caso de la renta fija mixta, el importe máximo se reduce hasta el 1,3%. Para el resto de fondos --renta variable y fondos garantizados-- la comisión de gestión máxima se mantiene en el 1,5%.
De este modo, la comisión máxima media de los planes de pensiones se rebaja hasta el 1,25%, desde el 1,5% anterior, como avanzó el ministro de Economía, Luis de Guindos, el pasado mes de septiembre. Las comisiones depositarias se reducen del 0,25% al 0,2%.
La nueva norma también establecerá que los partícipes de los planes de pensiones de empleo también tendrán derecho a liquidar sus aportaciones en diez años, si así lo permite el compromiso y las especificaciones del plan y sus condiciones y limitaciones.
En la actualidad, tan solo se permite rescatar las aportaciones realizadas a los planes de pensiones una vez alcanzada la jubilación, o en los supuestos de enfermedad grave o paro de larga duración.
Otros anteproyectos
El Gobierno verá hoy también el anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Esta Ley tiene por objeto trasponer la Directiva de la Unión Europea 2015/849, en aquellos aspectos todavía no incorporados al derecho interno, y adaptar el régimen vigente realizando algunos ajustes que mejoren su efectividad, sin modificar sus líneas básicas, según ha informado en un comunicado.
También en este ámbito, se debatirá el anteproyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves. De esta manera, explica el Ejecutivo, se incorporarán nuevas herramientas que mejoren eficazmente la lucha contra la delincuencia grave yel terrorismo mediante el tratamiento de los datos PNR.
El viernes se analizará también el anteproyecto de Ley de secretos empresariales, que supone la trasposición de la directiva europea relativa a la protección de los secretos comerciales. Para ello, la ley define los secretos oficiales, determina aquellas conductas constitutivas de violación de estos secretos y determina el catálogo de acciones de defensa y demás medidas procesales.
Por último, se aprobará el anteproyecto de Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. En esta iniciativa se eliminan aquellos preceptos incompatibles con el reglamento comunitario, se regula el régimen sancionador de los servicios de confianza diferentes de la firma electrónica, y se regulan aquellos aspectos que el Reglamento deja a la regulación por los Estados, según ha informado el Ejecutivo.
