13 de diciembre de 2017
13.12.2017
Tribunales

Las claves del caso de los ERE de Andalucía

Chaves, Griñán y otros 20 exaltos cargos de la Junta se sientan en el banquillo por este fraude millonario

13.12.2017 | 07:34

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla juzga a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 exaltos cargos acusados en el denominado procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que la Fiscalía Anticorrupción cifra en un montante de más de 700 millones de euros.

La investigación trata de desetrañar la presunta trama de corrupción vinculada a las irregularidades en la concesión de ayudas públicas a empresas en crisis entre 2001 y 2011.

¿En qué consistían las ayudas?

En el año 2001, la Junta de Andalucía, con Manuel Chaves como presidente, crea un fondo de ayuda a empresas en problemas. El fondo tenía como objeto otorgar subvenciones y prejubilaciones a trabajadores cuyas empresas entrasen en Expediente de Regulación de Empleo. Hasta el año 2011, el fondo estaba dotado con 721 millones de euros, pero el presupuesto final contemplaba la cifra total de 1.217 millones.


¿Dónde se originó el fraude?

Alrededor de 6.000 trabajadores accedieron a las ayudas de manera legal, lo que supuso el desembolso de la mayor parte del presupuesto, pero entre los receptores también se incluyeron personas que nunca habían trabajado para esas empresas, así como muchos intermediadores que operaban en el trasvase de las ayudas desde IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), el organismo autónomo de la Junta que ejecuta los pagos, y los perceptores.

¿Quiénes eran los intrusos?

Es la denominación que recibieron los comisionistas, consultoras y bufetes de abogados, a los que se calculó que se desviaron de forma irregular unos 136 millones de euros, con la supuesta connivencia de la Dirección General de Trabajo de la Junta andaluza, que es la que autorizaba a IDEA la orden de los pagos. El dinero recibido por los 'intrusos' recibe también la denominación de 'fondo de reptiles', un contenedor de ayudas caracterizado por su opacidad.


¿Quiénes eran los responsables?

El sistema nació en 2001, bajo la presidencia de Manuel Chaves, y continuó hasta el año 2011, ya con José Antonio Griñán al frente del Gobierno andaluz. El propio Griñán fue consejero de Economía entre 2004 y 2009. Magdalena Álvarez, imputada por la juez Alaya, ocupó ese cargo entre 1994 y 2004. José Antonio Viera, también citado a declarar como imputado, fue consejero de Empleo entre 2000 y 2004.

¿Quiénes son los acusados?

Los acusados, además de Chaves y Griñán, son los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; de Innovación, Francisco Vallejo; de Presidencia, Gaspar Zarrías, y de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez.

El juicio, para que el que se han acreditado 160 profesionales de 40 medios de comunicación, también se dirige contra los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá; de Innovación, Jesús María Rodríguez, y de Economía, José Salgueiro; los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Foto: EFE

El listado de acusados se completa con los ex directores generales de IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete; el exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río; el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa; el ex secretario general de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez García; y los ex secretarios generales técnicos de este departamento Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo.

¿Qué pena se solicita para los acusados?

La Fiscalía atribuye a los 22 acusados un delito continuado de prevaricación, por el que pide diez años de inhabilitación, mientras que también ve responsables de un delito continuado de malversación de caudales públicos a 15 de los 22 ex altos cargos procesados.

Por ambos delitos, el Ministerio Público reclama seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por el delito de prevaricación, no acusándolo de malversación.

Por el delito de malversación, el Ministerio Público pide seis años de cárcel y 20 de inhabilitación para Griñán, Martínez Aguayo y Manuel Gómez, mientras que, para otros 12 ex altos cargos, eleva su petición por el delito de malversación hasta los ocho años de prisión y la misma pena de inhabilitación.

En este último grupo se encuentran José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano.

La Fiscalía pide que estos 15 acusados a los que se atribuye el delito de malversación respondan solidariamente de la "devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010 del programa 31L y 22E", y establece para ello distintas cuantías que tendrían que devolver.

¿Quién forma parte del tribunal?

El tribunal está formado por los magistrados Pilar Llorente, Encarnación Gómez y Juan Antonio Calle Peña, que es el magistrado ponente después de que la Sección Tercera de la Audiencia admitiera la recusación promovida por PP-A y Manos Limpias contra el magistrado Pedro Izquierdo, que fue secretario general para la Justicia de la Junta y que había sido designado como ponente del juicio.

La sala en la que se juzga el caso de los ERE en la Audiencia de Sevilla. Foto: EFE

¿Cuánto puede durar el juicio?

Por el momento, se desconoce cuál puede ser la duración del juicio por la denominada pieza 'política' de los ERE, aunque todas las partes coinciden en que se prolongará durante varios meses, finalizando en el verano, y algunas fuentes apuntan a que podría llegar al año de duración.

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