Ocho años de investigación, más de un año de juicio en la Audiencia Nacional y un sumario de más de un millón de folios. El caso de corrupción más extenso de la historia democrática de España encara su recta final. El próximo 10 de noviembre los jueces emitirán sentencia sobre la primera etapa de actuación de la red criminal liderada por el empresario Francisco Correa (1999-2005), y la trama Gürtel echará definitivamente el telón.

La fiscal Anticorrupción que ha llevado el caso, Concepción Sabadell, hizo el pasado 24 de octubre una lectura demoledora en su escrito de conclusiones, en el que acusó al Partido Popular de haberse beneficiado de fondos obtenidos ilegalmente por sus funcionarios electos. La fiscal afirmó que el juicio ha permitido determinar «de manera incontestable» la existencia de una «caja negra», denominada «B», en el seno del PP y «reflejada en los papeles de Luis Bárcenas, con prueba testifical, con la declaración del acusado, con prueba documental y con prueba pericial», señaló.

Y aún fue más lejos en su durísimo alegato, en el que destacaron otras dos ideas fundamentales: la primera, que no se trataba de «casos aislados» de corrupción, sino de un «sistema integral levantado para hacer dinero», en el que la trama hizo del enriquecimiento mediante sobornos y comisiones a cargos públicos del PP «un modo de vida»; la segunda, que el PP «se benefició» de dicha trama.

Hay que viajar en el tiempo hasta un lejano 6 de febrero de 2009 para situar el origen del caso, cuando el entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, instructor de la causa en sus inicios, decretó las primeras detenciones de una causa que investigaba una presunta red corrupta que afectaba al PP de la Comunitat Valenciana y Madrid.

Pocos días después, y en plena tormenta mediática, el 11 de febrero de 2009, en la sede del PP en la calle Génova de Madrid, el entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, compareció tras presidir el comité ejecutivo del partido y rodeado de los principales dirigentes, como María Dolores Cospedal, Javier Arenas, Ana Mato, Soraya Sáenz de Santamaría o Rita Barberá, todos con gesto muy grave. Rajoy, entonces cuestionado, se jugaba su futuro en las elecciones vascas y gallegas que se celebraban en tres semanas.

Aquel día, Rajoy marcó el argumentario de defensa que el PP utilizaría durante años. Así, dijo que «el PP nada tiene que ver con las actuaciones ilegales de los detenidos, si las hubiere», y que «esto no es una trama del PP sino contra el PP», y que su partido «no ha recibido ni un solo euro de las personas implicadas».

Ocho años después, sin embargo, las conclusiones del Ministerio Fiscal se sitúan en las Antípodas de este discurso. La fiscal Sabadell aseguró probado que la red buscaba un «enriquecimiento con el abuso de las funciones públicas de algunos de los acusados», entre los que destacan nombres como Jesús Sepúlveda -exmarido de la exministra Ana Mato, a la que se sitúa, junto al PP, como «partícipe a título lucrativo» de la trama-.

El caso Gürtel, más allá de su duración en el tiempo, ha expuesto las cloacas de una época de excesos cimentada al calor del boom inmobiliario y ha causado un enorme descrédito de la clase política española, amén de perjuicios económicos. La fiscal Sabadell fue clara en su alegato: «Los acusados atentaron contra el Estado de derecho y su actuación resultará de muy costosa reparación social». Ahora es el turno de que hable la Justicia.