Las cartas están sobre la mesa. De un lado, los partidos e instituciones que integran el movimiento independentista catalán esperan lograr hoy una imagen histórica. Su escenario ideal sería conseguir riadas de ciudadanos acudiendo a votar para decidir sobre la independencia de Cataluña. El escenario real, tras la incautación de más de 11 millones de papeletas y con más de 27.000 agentes sobre el terreno -contando a los efectivos de los Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil- con la misión de impedir el voto, es una incógnita. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a seguir el desarrollo de la jornada desde La Moncloa. El día que se suponía que no iba a llegar ya es un hecho. A partir de ahora, coinciden los expertos consultados, todo es posible, máxime cuando el Parlamento catalán se reúne este miércoles 4 y la sombra de una declaración unilateral de independencia planea sobre el ambiente a pesar de los desmentidos del presidente catalán, Carles Puigdemont.
Los acontecimientos se han acelerado desde que el pasado 9 de junio Puigdemont anunciara la convocatoria de un referéndum con la pregunta «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?». La noche del 6 de septiembre la mayoría parlamentaria de JxSí y la CUP (72 diputados) cruzó el Rubicón al aprobar la ley del referéndum. Al día siguiente, tras un bronco debate, los mismos partidos sacaron adelante la Ley de Transitoriedad.
Ambos acuerdos fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional el pasado 20 de septiembre. Ese mismo día, la Guardia Civil lanzó la Operación Anubis contra el núcleo organizador de la consulta soberanista. Hubo 41 registros y se detuvo a 14 personas, doce de ellas altos cargos del Ejecutivo catalán, entre ellos el número dos del vicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras.
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Reacción en las calles
Aquella noche, decenas de miles de personas salieron a las calles de Barcelona en protesta por las detenciones. Los concentrados pasaron horas ante la sede de la Conselleria d'Economía, en la que la comitiva judicial que practicaba un registro tuvo que pasar la noche, cercada por los manifestantes. Las imágenes de varios vehículos de la Guardia Civil destrozados dieron la vuelta al mundo. Ahora, en una nueva vuelta de tuerca, la Audiencia Nacional investiga esos hechos por un delito de sedición.
La respuesta del Estado, esencialmente judicial y policial, ha espoleado la movilización soberanista en Cataluña. Y aún más, medidas como la intervención económica de la Generalitat por parte del Ministerio de Hacienda -sin pasar por el Parlamento- o la amenaza de imputación a unos 700 alcaldes pro-referéndum han generado una ola de indignación que ha sobrepasado los límites sociales del independentismo. Así, el caudal de la protesta se ha ensanchado mientras las llamadas al diálogo caen en saco roto, enterradas bajo el peso de los acontecimientos.
La influencia que pueda tener en los acontecimientos de hoy la ofensiva judicial del Estado contra el referéndum está por ver, máxime cuando el último sondeo del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat del pasado junio mostró que el «no» a la secesión había aumentado en ocho puntos su ventaja sobre el «sí». En concreto, el 49,4 % de los catalanes se mostraban entonces en contra de la independencia, mientras que el 41,1 % votaría a favor, tres puntos menos que en el anterior sondeo.
Movimiento transversal
Aunque el independentismo siempre ha existido en Cataluña, ha sido en la última década cuando ha alcanzado su mayor cota de movilización y visibilidad social. «La opción independentista hace mucho que dejó de ser minoritaria, está naturalizada en la sociedad», explica el politólogo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Iván Serrano.
El primer signo del auge del independentismo se produjo en 2003, cuando la por entonces única fuerza abiertamente soberanista catalana, ERC, obtuvo en las elecciones autonómicas medio millón de votos, el 16,5 % del censo. Nueve años después, en 2012, en plena crisis económica y tras el giro de CiU hacia el independentismo con Artur Mas y con la irrupción de la anticapitalista CUP, el voto soberanista alcanzó un 47,8 %. Un porcentaje parecido al de los comicios de 2015.
Es decir, en algo más de diez años, el voto nacionalista aumentó treinta puntos. En ese mismo periodo de tiempo, por poner un ejemplo, los socialistas catalanes del PSC pasaron de ser la primera fuerza en 2003 con el 31,18 % de los sufragios a ser la tercera, con el 12,74 %, siendo superados por Ciudadanos, que logró el 17,93 %.
El éxito del independentismo, explica Marcel Mateu, profesor de Derecho Constitucional de la UOC, es que ha conseguido hacerse «un movimiento inclusivo». Así, explica, «ya no se trata de defender únicamente la lengua o la cultura». «Mucha gente ha recalado en este movimiento desde posiciones transversales, como el republicanismo o el ecologismo», dice.
A vueltas con el Estatut
Si puede establecerse un punto de referencia para el nacimiento del independentismo catalán del siglo XXI ese es el 28 de junio de 2010, cuando el Tribunal Constitucional (TC) anuló gran parte del nuevo Estatuto catalán. Pero para entender la importancia de esta fecha primero hay que remontarse al 30 de septiembre de 2005.
Aquel día, el Parlamento catalán, con los votos de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA y la oposición del PP, aprobó un nuevo Estatuto que incluía en su preámbulo el reconocimiento de «nación» para Cataluña y, entre otras cosas, una cláusula de solidaridad interterritorial así como el diseño de una Agencia Tributaria catalana que debería colaborar con la Estatal mediante un convenio.
Poco después el PP inició una campaña en su contra que cristalizó en julio de 2006 con un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Antes, a finales de marzo de ese mismo año, el Congreso dio luz verde al nuevo Estatut, aunque modificó sustancialmente su contenido. Fue en aquellos meses cuando el entonces líder del PP, Mariano Rajoy, pedía al Gobierno del socialista Zapatero la convocatoria de un referéndum en toda España sobre el Estatuto catalán. Una demanda que apoyaba tras recoger 4 millones de firmas, de las que solo 40.000 procedían de Cataluña.
Dicha consulta nunca se hizo, pero fueron los catalanes quienes aprobaron el texto salido del Congreso en junio de 2006 mediante un referéndum. Entonces la participación fue baja (49,42 %), pero el sí ganó con un 73,9 %.
La sentencia del TC de 2010
Cuatro años después, el bloque conservador del TC impuso su criterio y recortó 14 artículos del Estatut y reinterpretó otros 27. En su sentencia, dictaminó que el término «nación» no tenía ninguna validez jurídica. «La sentencia de 2010 ayudó a cristalizar en Cataluña un malestar de fondo», dice Serrano.
«Para quienes eran independentistas, fue una agresión a las instituciones y al voto expresado en referéndum, y quienes solo aspiraban a un mayor autogobierno se quedaron huérfanos», explica. Y añade: «en este sector se produjo el tránsito hacia el independentismo, porque vieron los límites del Estado autonómico», sostiene. Empezó a cuajar entonces la percepción, explica el experto en comunicación política Lluís Pastor, de que «hacer las cosas siguiendo el cauce legal no llevaba a ninguna parte».
Malestar encauzado
Aquel año de 2010, el enfado de gran parte de la sociedad catalana con el Tribunal Constitucional se materializó en una gran Diada, la primera que inauguró una serie de exhibiciones de fuerza del soberanismo que ha ido ganando intensidad. Especialmente remarcable fue la Diada de 2012, celebrada en lo peor de la crisis económica y en la que coincidieron no solo las reclamaciones soberanistas sino también el malestar contra los recortes y contra la corrupción.
Un auténtico magma social que el independentismo supo acoger y encauzar mediante un «relato de oposición, de enfrentamiento con respecto a un Estado español centralizador, que se basa en un pasado mitificado que parte de 1714», explica Pastor. Un discurso, dice, ante el cual el Estado «no ha sabido construir una réplica eficaz. El independentismo ha trabajado muy bien su relato», afirma. Este experto advierte: «Si el Gobierno cree que solo con la coerción ganará la batalla del discurso, se equivoca».
Camino al 1-O
La primera prueba de fuego del independentismo fue la consulta no vinculante del 9 de noviembre de 2014, en la que participaron más de 2 millones de personas, de las cuales el 88 % se mostró a favor de un Estado independiente. Menos de un año después, en las elecciones anticipadas del 27 de septiembre de 2015, la coalición de CDC y ERC (Junts pel Sí) y la CUP lograron la mayoría absoluta, lo cual fue interpretado por el soberanismo como un espaldarazo para construir «estructuras de Estado».
Tras meses de negociaciones, en enero de 2016 la CUP acabó forzando que Carles Puigdemont fuera el nuevo presidente catalán, con el encargo de «empezar el camino hacia un país libre en 18 meses». Las diferentes llamadas a pactar una consulta han sido sistemáticamente rechazadas por el Gobierno desde entonces. Cataluña y España contienen hoy la respiración sobre cómo transcurrirá este 1-O cargado de tensión, mientras, Europa toma nota. Mañana, pase lo que pase, empezará una nueva etapa, quizás la del diálogo.
