El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha pedido hoy establecer una "mediación internacional" para abordar el conflicto catalán y ha exigido la "retirada de todos los efectivos policiales" destinados estos días a Cataluña por el Estado para impedir la celebración del 1-O, suspendido por el TC.
Tras una reunión extraordinaria del Govern convocada tras los hechos ocurridos ayer en Cataluña, en la que se registraron 893 personas heridas por las cargas policiales según la Generalitat, Puigdemont ha denunciado los "graves actos de violencia" protagonizados por "comandos del miedo" de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegados por todo el territorio de Cataluña.
El presidente de la Generalitat se ha referido específicamente al dispositivo del 1-O -no a los agentes instalados permanentemente en el territorio- y ha señalado: "No somos responsables del operativo policial que ha llenado de sangre este domingo".
Puigdemont ha señalado que esta mediación internacional puede venir de distintos ámbitos especializados en la resolución de conflictos, aunque "es evidente que la Unión Europea debe apadrinar" este proceso, porque tiene que "dejar de mirar hacia otro lado" ante las "violaciones" de la carta europea de derechos fundamentales, porque ya no es sólo un asunto interno, sino un "asunto europeo".
Ha admitido en todo caso que la UE "formalmente no puede hacer la mediación pero si que la tiene que apadrinar", y ha asegurado que "no faltan candidatos" para liderarla, aunque no ha dado nombres.
Pese a reiterar que el referéndum de ayer es "válido" para el Govern y la voluntad de aplicar los resultados del mismo, ha circunscrito la mediación en el objetivo de "restablecer la normalidad institucional alterada por la violencia" de ayer a resultas de la intervención policial.
"Es evidente que las cosas no pueden continuar así", ha añadido el presidente catalán, que ha dicho que es "irrenunciable la mediación como lo era antes el diálogo".
Puigdemont dice que los resultados del referéndum son vinculantes. Vídeo: ATLAS
Sin embargo, Puigdemont no ha aclarado si dentro de esta mediación se podría abrir una negociación que incluyera otro referéndum acordado con más garantías que el acaecido ayer o aplazar una eventual declaración de independencia, pues ha evitado "especular escenarios" cuando aún no hay "correspondencia" de esta petición de mediación ni en la UE ni en el Gobierno central.
En todo caso, ha subrayado: "Yo no estoy declarando la independencia, el Govern que se ha reunido hoy no ha decidido declara la independencia, sino que invoca una mediación", ha añadido.
"Ningún contacto" con el Gobierno
Puigdemont ha explicado que a día de hoy no tiene "ningún contacto" con el Gobierno, pero ha instado al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a "verbalizar" si está dispuesto a entrar en una "mediación" internacional para dar salida al conflicto catalán. Puigdemont ha señalado que si Rajoy "llama hoy mismo", irá a una "reunión adonde sea".
Pero hoy en día "no existe ningún contacto con el Gobierno central" ya que, a su juicio, Rajoy no ha respondido a las llamadas de diálogo desde Cataluña de los últimos tiempos.
En este contexto ha dicho que "Rajoy debería verbalizar si está dispuesto o no a entrar en una medición" internacional, que espera que esté "apadrinada" por la UE. Ha avanzado, no obstante, en que con el Gobierno "muy optimistas no podemos ser, aunque la esperanza no la podemos perder nunca".
Pese a su voluntad de trasladar al Parlament el resultado de la consulta de ayer, que considera "válida", para aplicar la ley del referéndum que incluye una proclamación de independencia, Puigdemont ha aseverado que no plantea un proyecto de "ruptura traumática".
Así, ha dicho que "nos queremos reentender con el Estado español" pero sobre la base de "la voluntad de la gente" de Cataluña tras lo expresado ayer en el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional (TC) y sin garantías por su insólito desarrollo.
Puigdemont: "Nos queremos reentender con el Estado español". Vídeo: ATLAS
Por otra parte, Puigdemont ha anunciado este lunes la creación de una comisión especial de investigación sobre la "brutalidad policial" de la Policía y la Guardia Civil contra los ciudadanos que estuvieron en los colegios electorales del 1-O.
Lo ha dicho en rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat, después de una reunión extraordinaria del Ejecutivo catalán que ha analizado tanto los resultados de la votación, como la cargas policiales que se visualizaron este domingo en la comunidad catalana.
El presidente catalán también ha anunciado que el Govern denunciará a la Policía y a la Guardia Civil por "lesiones y daños", que se sumarán a las querellas que ya ha presentado contra la Fiscalía por usurpación de funciones y prevaricación en sus acciones contra el 1-O.
Cargas policiales en el 1-O. Vídeo: ATLAS
La jornada del 1-O, condicionada por las cargas policiales y un insólito sistema de votación, finalizó este domingo con la convocatoria del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a los partidos para reflexionar "juntos" y un llamamiento del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a aplicar en los próximos días el proceso hacia una declaración unilateral de independencia.
El PP pide a Puigdemont que vuelva a la legalidad para dialogar
Mientras, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha asegurado hoy que el Gobierno no va a dar un paso atrás en defensa de la Constitución y ha instado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a volver a la legalidad porque, de lo contrario, no puede haber diálogo.
Martínez-Maíllo ha hecho ese llamamiento a Puigdemont en una conferencia de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP que ha presidido el jefe del Gobierno y líder del partido, Mariano Rajoy.
El dirigente del PP ha insistido en que el presidente de la Generalitat debe volver a la legalidad dentro de la Constitución para que, "a partir de ahí", pueda haber diálogo. "Porque fuera de eso no existe ningún diálogo posible", ha dicho.
Además ha subrayado que el Gobierno y las instituciones "no van a dar un paso atrás, no pueden" y Puigdemont lo sabe. "Y algunos van a tener que responder ante la justicia por las decisiones que han tomado hace mucho tiempo", ha añadido.
GMv2_fin|pTipoComp=videos&pIdGaleria=59d24250a4139306c390296d|GMv2_fin Rueda de prensa de Maíllo. Vídeo: ATLAS
Martínez-Maíllo ha pedido también al presidente catalán que no tome decisiones "en caliente" que "no van a ninguna parte" porque tienen consecuencias "inevitables", y "es importante que asuma las consecuencias de sus actos presentes y sus actos futuros".
El coordinador del PP, que ha calificado de "día triste" la jornada vivida ayer en Cataluña, ha expresado el total apoyo de su partido a las decisiones que tuvo que tomar el Gobierno y ha recalcado que el Ejecutivo no se examinaba de nada este 1 de octubre.
"Nosotros nos examinamos constantemente", ha subrayado haciendo hincapié en que el Gobierno ha ido respondiendo en todo momento ante los pasos que ha ido dado el independentismo.
Por eso cree "injustificadas" las críticas que ha recibido el Ejecutivo por su actuación ante el desafío independentista.
Policía y Guardia Civil seguirán en Cataluña
Pese a la petición de Puigdemont, el despliegue de refuerzo de la Policía y de la Guardia Civil se mantendrá en Cataluña sin fecha aún para su repliegue, aunque en un principio estaba previsto que concluyera esta misma semana, según han señalado a Efe fuentes próximas al operativo.
Tras la jornada de ayer, cuando se celebró el referéndum independentista suspendido por el Tribunal Constitucional, los agentes desplegados en Cataluña seguirán en esta comunidad para reforzar a las unidades que de forma permanente trabajan en esta comunidad.
En total, unos y otros suman 12.000 agentes de ambos cuerpos actualmente en servicio, de los que una parte importante forman parte de los antidisturbios, es decir, de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil.
Así, la Policía Nacional mantiene algo más de 2.000 antidisturbios y la Guardia Civil a unos 700, a los que hay que añadir los agentes de las diferentes unidades desplegadas, desde los servicios de Información a la Policía Judicial, entre otras.
Un despliegue que ha obligado a habilitar barcos y dependencias del Ejército para alojar a los agentes.
Pese a que no se sabe la fecha en la que podría replegarse el dispositivo, bien en su totalidad o bien en parte, las asociaciones de guardias civiles ya han instado al Ministerio del Interior a que de mantenerse, se aumente el número de efectivos disponibles para dar descanso a los agentes que están en Cataluña.
Policías y guardias actuaron ayer para cerrar los colegios electorales y evitar la votación, que solo lograron en algo más de 90 instalaciones.
Las cargas y los enfrentamientos con los votantes, que en muchos lugares formaron barricadas, provocaron, según la Generalitat, heridas a 893 personas, mientras que entre las fuerzas de seguridad diecinueve policías nacionales y catorce guardia civiles también resultaron heridos.
De todos modos, según el Ministerio del Interior, han sido "innumerables" los agentes que fueron heridos y continuaron trabajando para requisar el material electoral.
Tanto los sindicatos policiales como las asociaciones de guardias civiles han defendido la actuación ayer de ambos cuerpos y han tildado de "vergonzosa" y de "escandalosa" la de los Mossos d'Esquadra por su pasividad.
Los representantes de ambos cuerpos han dicho ya que están estudiando acciones legales contra el jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, su equipo directivo y todos los agentes que dificultaron el trabajo de policías y guardias civiles.
Mientras, la Federación de Profesionales de la Seguridad Pública de Cataluña (Fepol), formada por varios sindicatos de los Mossos d'Esquadra, les ha respondido y ha denunciado la "vergonzosa politización" y "extralimitación" de la Guardia Civil y Policía Nacional en el día de ayer, ya que la Constitución no se preserva "agrediendo" a ciudadanos.
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