La Ejecutiva Permanente del PSOE ha decidido no pronunciarse sobre la conveniencia de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña bajo el argumento de que el Gobierno no tiene una posición clara sobre esta cuestión y por tanto el PSOE no puede pronunciarse sobre meras "hipótesis".

Así lo ha explicado el portavoz de la Ejecutiva socialista, Óscar Puente, en una rueda de prensa en la que se le ha instado reiteradamente a aclarar si su partido respalda aplicar el 155 para que el Ejecutivo asuma competencias de la Generalitat, medida que en julio rechazó la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles.

"El PSOE no se va a pronunciar sobre hipótesis y escenarios hipotéticos", ha proclamado Puente, quien ha señalado al mismo tiempo que el partido fijará una posición, "en función" de las medidas que adopte el Ejecutivo.

Sobre las ya adoptadas con Cataluña, como la intervención de las cuentas de la Generalitat, sí ha admitido que algunas han gustado más y "otras menos", pero que el partido ha decidido no evaluarlas para mantener una "posición de Estado" que supone dar al Ejecutivo el mismo respaldo que los socialistas esperarían del PP si ellos gobernaran.

De hecho, ha apuntado que los socialistas podrían "criticar algunas de las medidas" del Ejecutivo con las que "estamos más o menos de acuerdo", pero no lo van a hacer porque "ponemos por encima el interés de Estado", ha subrayado, algo que va más allá de las "diferencias puntuales" que según ha reconocido puedan mantener con la estrategia seguida por el Gobierno.

También ha apuntado que una cosa son los actos públicos que se están celebrando en el marco de la campaña para el referéndum secesionista que supongan una "vulneración de la legalidad", contra los que están actuando los tribunales, y otros los amparados por la libertad de expresión, algo que los socialistas respetan.

Mientras comparecía ante los medios, Unidos Podemos ha hecho pública su oferta para desatascar la crisis catalana, consistente en promover una asamblea de cargos públicos para formar un frente común contra las medidas adoptadas por el PP en Cataluña.

Podemos plantea una asamblea de cargos de todos los partidos para negociar un referéndum legal

Podemos plantea una asamblea de cargos de todos los partidos para negociar un referéndum legal

Podemos plantea una asamblea de cargos de todos los partidos para negociar un referéndum legal. Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: EFE

Puente ha hecho notar que Podemos ha optado por una crítica "feroz" al Gobierno de Rajoy, y ha señalado que los socialistas echan de menos "una crítica equivalente a la Generalitat".

Respecto a la apuesta por un referéndum "pactado y con garantías" para resolver la crisis con Cataluña, tal y como plantea Podemos, el PSOE ha rechazado esta iniciativa y ha advertido de que esta propuesta "no es realista", entre otros motivos porque para dar opción a los catalanes a "permanecer o separarse" de España antes habría que reformar la Constitución y para ello sería fundamental el respaldo del PP como partido mayoritario.

El PP celebra que no se "demonice" el artículo 155

Mientras, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha celebrado hoy que el PSOE no "demonice" la posibilidad de que el Gobierno recurra al artículo 155 de la Constitución ante la situación en Cataluña.

Casado, en una conferencia de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP presidida por el jefe del Gobierno y líder del partido, Mariano Rajoy, ha insistido en que se hará todo lo necesario ante las intenciones de los independentistas, a los que ha invitado a "atenerse a las consecuencias" porque su actitud frente a la legalidad "no les va a salir gratis".

"Que el PSOE abra, ya no digo la aplicación, sino la no demonización de ningún precepto constitucional, creo que es oportuno, porque no es bueno desarmarse preventivamente frente a un desafío ilegal", ha subrayado.

En esa línea, ha considerado que ese artículo "se ha demonizado muy hábilmente" por los secesionistas cuando se trata "de un artículo más de la Constitución para preservar las libertades públicas de los ciudadanos y para preservar la autonomía, que -ha subrayado- ha sido lapidada por el Parlament y la Generalitat".

No obstante, ha insistido en que no le corresponde a él decir y tampoco lo sabe qué haría el Gobierno si tras el 1 de octubre hay una declaración unilateral de independencia.

Pero ha recalcado que no se va a escatimar ningún tipo de medidas y, sobre todo, aquellas que forman parte del ordenamiento jurídico, constitucional y penal.

"Es absolutamente compatible la prudencia de ir respondiendo sin ningún tipo de sobreactuación a cualquier ilegalidad que cometan los secesionistas y no tener que explicitar la estrategia del 2 de octubre", ha añadido.

Para él, lo lógico sería que la situación "tan límite" como la que se está viviendo, se convirtiera en la "vacuna" para prevenir cualquier otro escenario similar en próximos años.

El vicesecretario del PP ha insistido en que todo el mundo debe cumplir la ley y quien no lo haga tiene que asumir "la condena correspondiente".

Tras insistir en que el PP no va a decir qué medidas se tienen que tomar, ha considerado que Hacienda ha demostrado que tampoco es necesario aplicar medidas constitucionales "muy gravosas".

Respecto a las palabras de Rajoy en las que dijo que van a obligar al Gobierno a llegar a adoptar medidas que no quisiera tomar, Casado ha dicho que no supusieran un anticipo de nada porque ya se están haciendo cosas que no gustaría haber hecho.

Ha añadido que los independentistas están cada vez más solos y los únicos apoyos que tiene son "el terrorista Otegi, el prófugo por violación Assange y el dictador Maduro".

El dirigente del PP ha mostrado el apoyo de su partido a los alcaldes de las fuerzas constitucionalistas que están siendo amenazados por los "hooligans" de los independentistas.

En concreto, se ha referido a la actitud "inadmisible" de los "cachorros de la CUP, los de Arran" y que ha asegurado que recuerda a lo que colectivos juveniles del País Vasco hacían con concejales del PP que, al final, "tenían más que algún percance".

Por ello ha pedido al Gobierno de la Generalitat que, "si le queda algo de decencia y dignidad a la hora de defender los derechos de sus ciudadanos", ponga coto a estas amenazas.