La proposición de Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República prevé amnistiar a los condenados o investigados por el proceso soberanista, además de que el presidente de la Generalitat sea el jefe de Estado, y permitiría a los ciudadanos mantener la doble nacionalidad española.

Junts pel Sí y la CUP aprobarán antes del eventual referéndum independentista del 1 de octubre la Ley de Transitoriedad, que es la principal de las llamadas "leyes de desconexión", prevista para, en caso de que ganara el 'sí' a la independencia, intentar crear un marco legal alternativo al español.

En la norma, que fue sido explicada antes ante los medios, el título V sobre "Poder Judicial y Administración de la Justicia" afirma: "Los jueces y tribunales sobreseen o anulan los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscasen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta".

Por otro lado, la ley señala que el Ejército debería abandonar Cataluña, que se constituiría en "una República de Derecho, democrática y social", cuya "soberanía nacional radica en el pueblo de Cataluña", y cuyo "jefe de Estado" será el presidente de la Generalitat, según dicha ley.

También se explicita los requisitos para tener la nacionalidad catalana y que ello "no exige la renuncia de la nacionalidad española ni de cualquier otra", además de que "el Govern promoverá, en el tiempo más breve posible, negociaciones con el Estado español para celebrar un tratado en materia de nacionalidad".

También se continuarían aplicando las normas del derecho de la UE, el derecho internacional general y los tratados internacionales; y se explicita que el personal del Estado que preste sus servicios en Cataluña se integraría en la administración pública catalana en las mismas condiciones retributivas y empleo, salvo que renuncie.

Se reconocería por otro lado el derecho a percibir prestaciones sociales públicas, así como se reconocerían los periodos de cotización en Seguridad Social; la Generalitat sería la única "autoridad" tributaria y desaparecería la potestad de la Agencia Tributaria en Cataluña; y la asunción de la deuda se dejaría a la eventual fase de negociación con el Estado.

Por último, el Ejército español debería dejar de tener jurisdicción en el territorio catalán y debería abandonar Cataluña, mientras que la Generalitat pasaría a ser autoridad aduanera; en cambio, no se explicita si una Cataluña independiente tendrá ejército, algo que JxSí y CUP dejan para el debate constituyente.

Constitución catalana

La Ley de Transitoriedad contempla en su articulado el procedimiento para elaborar mediante participación ciudadana una eventual "constitución catalana", que Junts pel Sí y la CUP prevén que podría aprobarse en el plazo de un año si ganase el 'sí' en el referéndum del 1 de octubre que pretenden celebrar.

Junts pel Sí y la CUP aprobarán en el Parlament antes del referéndum del 1 de octubre la Ley de Transitoriedad, que ha sido presentada hoy y que es la principal de las llamadas "leyes de desconexión", prevista para, en caso de que ganara el 'sí' a la independencia, crear un marco legal alternativo al español.

Dicha proposición de ley apunta que "una vez celebrado el referéndum y en caso de resultado favorable de la opción independentista, la Generalitat activará un proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante, para redactar y aprobar la Constitución de la República".