Fin a cuatro días de huelga sorpresa. Los taxistas decidieron en la madrugada de este jueves por amplia mayoría abandonar su protesta, iniciada el domingo por la presencia de Cabify en la Feria, después de que Fomento de la Junta de Andalucía se comprometiera a intensificar la inspección de las licencias VTC, y tras unas jornadas de paros que han dejado importantes pérdidas económicas en unos días de intensa actividad para el gremio.

Fueron varias horas de tensión y desacuerdos entre los representantes del sector y el resto de taxistas presentes en el Pabellón de Ciudad Jardín. La asamblea, que empezó poco antes de las 21.00 horas y terminó pasada la 1 de la madrugada, se celebró tras la reunión que tuvieron los representantes de la Federación Andaluza del Taxi en Sevilla con el consejero de Fomento, Felipe López, en Sevilla; un encuentro, según el vicepresidente de la Asociación Unificada de Autónomos del Taxi (Aumat), Juan González, satisfactorio. Del mismo modo, el presidente de la Federación Andaluza del Taxi, Miguel Ruano, consideró que había que dar un «voto de confianza» al consejero hasta el 15 de septiembre. Así pues, si hasta entonces la Junta no ha cumplido con sus compromisos , el gremio adoptará medidas y tomarán otras decisiones en el sector del taxi en Andalucía. Ésta es la gran razón de la amplia mayoría de votos a favor del fin a la huelga (una votación, por cierto, que no se realizó a mano alzada sino de forma secreta y que acabó con 466 votos a favor y 118 nulos). La normalidad comenzó a retomarse anoche mismo.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aseguró que la desconvocatoria de la huelga «es una buena noticia» pero matizó que el sector «no tenía que haberle hecho esto a Málaga ni los compromisos de la Consejería de Fomento tardar tanto». «Ahora las dos partes tienen que dialogar junto al Ministerio de Fomento y las autonomías para que esto no ocurra en otras ciudades», tuiteó el primer edil.Base de datos

¿En qué consiste el compromiso de la Junta? El Gobierno andaluz se ha comprometido a establecer una base de datos con las licencias de VTC existentes en Andalucía y una página web para registrar los servicios que prestan y de esa forma poder intensificar la labor de inspección, que es competencia de la comunidad autónoma, entre otras medidas.

En esta reunión, el consejero planteó al Ministerio de Fomento frenar la especulación con las licencias de VTC impidiendo la transmisión de licencias si no tienen una antigüedad mínima de diez años, su retirada si no operan el servicio en tres meses desde su obtención y la pérdida si acumulan tres sanciones en dos años.

Asimismo, el sector planteó que el que tenga más de tres sanciones en dos años acabe perdiendo la licencia y además, exigió «obligar a usar la licencia a operadores al que se le acaba de ser concedida la licencia, de manera que si no la ejercen la licencia en el plazo de tres meses, se le retira». Los taxistas también reclamaron un número mínimo de conductores.

El consejero se comprometió con los taxistas a estudiar, en colaboración con los ayuntamientos de la región, la posibilidad de que éstos puedan participar en la recaudación de los procedimientos sancionadores para incentivar su participación dentro de la inspección. También aclaró que las comunidades autónomas no tienen voluntad de otorgar licencias a la VTC, sino que la mayoría las obtienen a través de sentencias judiciales porque los tribunales han dado la razón en las demandas presentadas por los vehículos de alquiler con conductor.

El portavoz de Turismo del grupo parlamentario Podemos Andalucía, David Moscoso, también insistió ayer en que el consejero «active mecanismo en el marco de sus competencias para proteger al sector del taxi andaluz ante la entrada en el mercado de este tipo de empresas multinacionales que, bajo el paraguas de la llamada economía colaborativa «promueven de manera decisiva a precarizar y amenazar sectores estratégicos de nuestra economía».

Juanma Moreno, presidente del PP andaluz, también criticó que tuvieran que « transcurrir cinco días desde que se inició la huelga, para que la Junta y el consejero de Fomento reaccionen y reciban al sector del taxi». Del mismo modo, Moreno pidió a los taxistas que trataran de «marginar a los sectores más radicales, porque los episodios aislados de violencia no son positivos para el sector del taxi ni para sus reivindicaciones» y reiteró que «ellos mismos tienen que arrinconar a los violentos para que estos episodios no vuelvan a repetirse». Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, defendiendo el posicionamiento de la Junta, aseguró que el Gobierno y el Ministerio de Fomento trabajan, «con mano tendida, para reforzar la cooperación institucional con todas las administraciones que tienen competencia en la materia». También precisó que «el desfase de licencias VTC concedidas al margen del número legal es fruto de sentencias judiciales amparadas en una ley socialista de 2009» y que el «Gobierno de Mariano Rajoy ya modificó la llamada Ley Omnibus para regular la concesión de este tipo de licencias y resolver los problemas de inseguridad jurídica» . «Este conflicto es fruto de la herencia del anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero», indicó Sanz, haciendo referencia al año 2009 cuando se aprobó la Ley Ómnibus, que introdujo la liberalización de servicios y que, en este caso concreto, «provocó la judicialización de las normas de proporcionalidad entre ambos sectores».