El PSOE reitera su "firme voluntad" de derogar la reforma laboral

"Si el PP quiere negociar el futuro de la reforma laboral con el PSOE tendrá que rectificar y respaldar" las iniciativas "que buscan derogar" los aspectos que generan más "pobreza y precariedad", tales como las condiciones para los subcontratados, los falsos autónomos o la preeminencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales, ha dicho Simancas en rueda de prensa en el Congreso.

Ha recalcado además que la idea del PP de entablar este diálogo en una subcomisión creada al efecto "no es válida", ya que su cupo está cubierto hasta septiembre de 2017 "y las derogaciones pendientes no pueden esperar hasta entonces", ha señalado.

Ayer el Partido Popular dijo que está dispuesto a negociar algún cambio en la reforma laboral mediante un mecanismo similar a la creación de una subcomisión en el Congreso que estudie este asunto, pero recalcó que no puede aceptar la derogación de una medida que ha dado sus frutos.

Por otro lado, en cuanto al código de buenas prácticas que quiere aprobar mañana el Gobierno para facilitar la reclamación a los bancos de clientes afectados por las cláusulas suelo, Simancas ha subrayado que el PSOE es partidario de que se pueda recuperar el dinero sin quitas ni demoras, y ha dicho que no ve "razonable" dejar la solución de este problema en la voluntariedad de los bancos.

Ha añadido que, aunque el PSOE "no está de acuerdo" con el planteamiento, en todo caso "hay contactos" entre la formación y el Ejecutivo sobre este asunto.

En este mismo sentido, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha explicado anteriormente que su grupo mantiene conversaciones con el Gobierno y con el Ministerio de Economía para tratar de "introducir alguna mejora" en el código.

Su propuesta es apostar por un mecanismo sin coste para el cliente, que evite entrar en una pelea judicial para reclamar las cantidades cobradas por las entidades que comercializaron hipotecas con cláusulas suelo.

Por otro lado, el socialista ha recordado que el Gobierno pretende aprobar una subida de las pensiones del 0,25 % en 2017, cuando la inflación prevista es del 1,2 o 1,5 %, lo que supondrá "una nueva pérdida de poder adquisitivo" para este colectivo de nueve millones de personas.

Además, ha reiterado que el PSOE no va a respaldar los presupuestos para 2017 porque aunque no los conozcan ya pueden hacer "previsiones sobre su contenido" y "no invitan al optimismo".

El Gobierno cierra el año con varias ofertas de diálogo

Mientras, el Gobierno cierra el año y afronta el 2017 certificando su apuesta por el diálogo, la colaboración y el acuerdo en un doble frente, el de los partidos políticos y el de las comunidades autónomas, y confiando en que haya una respuesta positiva a esa oferta.

Ese es el reto que fuentes del Ejecutivo aseguran a Efe que se pretende desarrollar durante el próximo año para lograr la estabilidad y para que una legislatura que a priori parecía plagada de dificultades, dé frutos gracias al entendimiento.

Rajoy, que hoy cumple dos meses desde que fue investido por segunda vez, presidirá mañana la última reunión del Consejo de Ministros en 2016 y a continuación comparecerá en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del ejercicio y exponer sus perspectivas ante el próximo año.

Y en esa comparecencia ratificará su mano tendida a los partidos y a las comunidades para que, tal y como les ha venido pidiendo en los últimos meses, hagan de la responsabilidad su norma de actuación.

El Gobierno destaca que en la reunión del Consejo de Ministros de este viernes quedará patente el deseo de colaboración del Gobierno con las autonomías mediante la ratificación de 57 convenios entre la Administración General del Estado y las comunidades.

Muchos de ellos para ampliar la vigencia de convenios ya existentes en materia de sanidad y otros relativos al ámbito agrario.

Una fecha esencial para el Ejecutivo en ese diálogo con las comunidades es la del próximo 17 de enero, cuando Rajoy ha convocado en el Senado la Conferencia de Presidentes para debatir con los presidentes autonómicos no sólo sobre financiación autonómica, sino también sobre otros asuntos que considera esenciales

A la espera de que la agenda se concrete en una reunión preparatoria que se celebrará el 11 de enero, el Gobierno confía que se aborde, por ejemplo, la sostenibilidad de la sanidad y de los servicios sociales y la necesidad de conseguir un pacto educativo.

Tanto el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como el lehendakari, Íñigo Urkullu, ya han avanzado que no tienen intención de acudir a esa cita, pero las fuentes del Ejecutivo aseguran que no pierden la esperanza de que finalmente estén presentes.

En el marco del diálogo autonómico, el Gobierno pretende mantener la senda iniciada y en la que su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, va a mantener un papel protagonista.

"Por el Gobierno no va a quedar. Los ciudadanos van a poder comprobar quién quiere realmente el diálogo", recalcan estas fuentes que, al mismo tiempo, garantizan que no hay alternativa al cumplimiento de la ley y, por tanto, no habrá referéndum en Cataluña.

Junto al diálogo autonómico, el Ejecutivo desea mantener también un cauce de entendimiento con los partidos.

Es el mensaje que ha venido reiterando Rajoy desde su investidura y en el que hizo hincapié ayer mismo ante los miembros de la dirección del grupo popular en el Congreso.

En esa reunión se mostró esperanzado sobre nuevos acuerdos después de que haya sido posible cerrar en los primeros compases de la legislatura pactos que han permitido, por ejemplo, fijar el techo de gasto.

Con el inicio del nuevo año será el turno de los presupuestos generales, y el Gobierno no cuenta a priori con los apoyos necesarios para que salgan adelante.

La posición del PSOE, contraria a respaldar las nuevas cuentas del Estado, añade dificultad a esa negociación.

Pero el Gobierno "redoblará" sus intentos de acercamiento aunque con el alivio de que la aprobación del techo de gasto ha permitido ya sentar las bases para cumplir los compromisos con Bruselas.

Pactos sobre la educación, las pensiones o la violencia de género son citados por el Ejecutivo como prioridades de actuación que deben fijarse todos los partidos.

No se cierra a dialogar también sobre otras medidas como la ley de seguridad ciudadana (la conocida como "ley mordaza") o la reforma laboral, ante la que ayer el portavoz del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, mostró la disposición del PP a que se abra en la Cámara una subcomisión o una fórmula similar para intercambiar puntos de vista y debatir posibles mejoras.

Lo que no está dispuesto a aceptar es la derogación de esta u otras medidas que considera que han sido positivas.