El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha acusado a Hacienda de iniciar una "caza de brujas" directamente contra él al acusarle de supuestos delitos fiscales que "pudieron y debieron" ser comprobados antes de ser denunciados, y que ahora trata de desmontar con un informe presentado al juez.
En un escrito remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que investiga el origen de la fortuna del también ex director gerente del FMI, Rato critica que la Oficina Antifraude dependiente del Ministerio de Hacienda, ONIF, le atribuyera un delito de alzamiento de bienes para eludir las fianzas del "caso Bankia" y la pieza separada de las "tarjetas black".
Un delito que apenas seis días después se demostró que no había cometido y, sin embargo, sirvió de argumento para su detención y el registro de su domicilio en abril de 2015, lo que, en su opinión, vulneró sus derechos constitucionales.
En el momento en el que Hacienda le achaca este delito, la propia Bankia ya había depositado en la Audiencia Nacional una fianza solidaria de 18 millones de euros para cubrir las posibles responsabilidades civiles por la salida a Bolsa de la entidad.
Asimismo, en la investigación sobre las polémicas "tarjetas black", Rato ya había presentado un aval bancario por importe de 3 millones de euros, por lo que en ningún momento trató de alzarse con su patrimonio como sugería Hacienda en su informe, y además abonó al fisco casi 6,23 millones de euros en el IRPF de 2009 a 2014.
Para constatar estos "evidentes errores", que Hacienda y el fiscal podrían haber evitado con un mínimo de "diligencia debida", el ex director gerente del FMI pide al juez que cite a declarar al exinspector de Hacienda en excedencia Miguel Ángel Garrido como autor de la prueba exculpatoria con la que Rato trata de desmontar el resto de delitos atribuidos "torticeramente".
También solicita un careo con la inspectora de la ONIF, Margarita García-Valdecasas, que denunció el alzamiento de bienes y los supuestos delitos fiscales, a la que insta además a presentar un nuevo informe que tenga en cuenta las alegaciones de Rato y que incluya ejemplos recientes sobre el uso de sociedades para el cobro de conferencias y otros trabajos.
En el documento inicial de la ONIF -todavía pendiente de ratificar-, Hacienda amplió su acusación al detectar movimientos por valor de casi 7 millones entre la principal sociedad de Rato, Kradonara 2001, y Reino Unido, Gibraltar y Luxemburgo, una cantidad de la que 6,5 millones correspondieron a ingresos.
"De un simple análisis de la contabilidad de Kradonara" se podría haber comprobado que todas estas transferencias procedían de su socio único, la sociedad "inglesa" Vivaway, y que, "en ningún caso, suponen renta alguna ni para Kradonara ni para don Rodrigo Rato".
Así, defiende en la información a la que ha tenido acceso Efe, que se trata de transferencias "debidamente contabilizadas" que Vivaway llevó a cabo con fondos procedentes del banco de inversión Lazard y de las sociedades Red Rose y Westcastle, "todas conocidas por la Agencia Tributaria y declaradas" por Rato tras regularizar sus bienes en el exterior. Por lo tanto, insiste, con ellas "no hay ganancia de patrimonio no justificada".
Un fallo de Hacienda que se suma a los ocho "gravísimos errores evidentes" detectados por la defensa del exministro, entre ellos, computar dos veces las transferencias de la sociedad Red Rose a Rato (300.000 euros en diciembre de 2012); o afirmar que los Países Bajos, Bélgica, Reino Unidos, Irlanda o Estados Unidos son países de "riesgo" fiscal.
También la Oficina Antifraude se equivoca al calificar "una y otra vez" en sus informes a Kradonara y Vivaway como las "sociedades opacas del señor Rato", cuando éste ya declaró en abril de 2013 la titularidad real de ambas.
En torno a Vivaway gira otro de los errores, ya que la ONIF la considera en unas partes gibraltareña, mientras que en otras reconoce que es británica.
Por todo ello, Rato pide al juez la nulidad de todas las actuaciones efectuadas hasta el momento y con ello el archivo de un caso que parte de una denuncia "temprana" y "falsa" de la Fiscalía "carente de fundamento" que, a su juicio, derivó en una "causa general" contra su persona.
