El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha subrayado este martes que el acuerdo con el PSOE está "cerca" de alcanzarse pero que aún hay "escollos importantes", por lo que ha pedido a los socialistas "un último esfuerzo" y ha condicionado cualquier pacto a una reforma exprés de la Constitución para la regeneración democrática.

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa después de que este lunes mantuviera en el Congreso un encuentro con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al mismo tiempo que los socialistas participaban en la reunión 'a cuatro' con Podemos, Compromís e Izquierda Unida-Unidad Popular.

El líder de la formación naranja ha explicado que esa reforma exprés implicaría que en los primeros tres meses haya una supresión de los aforados, que se rebaje de 500.000 a 250.000 el número de firmas para la presentación de las Iniciativas Legislativas Populares (ILP), que se "despolitice la justicia", modificando el método de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que se limite a ocho el mandato de los presidentes del Gobierno y que se eliminen las diputaciones provinciales, un punto, éste último, en torno al que el partido de Rivera ya había llegado a un consenso con los socialistas.

Las reformas constitucionales que Rivera pide al PSOE exigen el apoyo del PP

Las cinco modificaciones de la Constitución que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, reclama al PSOE para un acuerdo que facilite la investidura de Pedro Sánchez exigen obligatoriamente el respaldo del PP para salir adelante, porque siempre hará falta contar con la mayoría absoluta del Senado.

Los cambios planteados por Rivera se tramitarían por el procedimiento ordinario de reforma constitucional, que no comporta la disolución de las Cortes ni tampoco necesariamente su sometimiento a referéndum.

Se trataría de aplicar la misma tramitación que siguió para las dos únicos cambios introducidos en la Carta Magna desde su aprobación en 1978: la que en 1992 permitió el ejercicio del sufragio a los europeos en las elecciones municipales y la que se abordó en 2011 para garantizar la estabilidad presupuestaria.

El artículo 167 de la Constitución establece que los proyectos de reforma constitucional "deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras".

En el Congreso, esta mayoría supone el respaldo de al menos 210 diputados, mientras que en el Senado es preciso el apoyo de 160 senadores.

Con estos requisitos, en la Cámara Baja el PSOE (90 escaños) y Ciudadanos (40), precisarían de los 123 diputados del PP para conformar esta mayoría o bien, si los populares no estuvieran de acuerdo, contar con el apoyo alternativo del resto de la Cámara, que tiene 350 diputados.

Eso sí, como en el Senado, conformado por 266 escaños, el PP conserva una mayoría absoluta de 142 senadores, sin este partido sería imposible alcanzar la exigencia constitucional para la reforma.

El artículo 167 de la Carta Magna señala que, en caso de que no hubiera acuerdo sobre la reforma entre las dos Cámaras "se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de diputados y senadores", que presentará un texto que deberán votar el Congreso y el Senado.

Y si tampoco se logra así el acuerdo, la reforma podrá ser aprobada por el Congreso con mayoría de dos tercios (234 diputados).

Pero la Constitución advierte de que en ese caso sólo saldría adelante "siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado".