El socio de Francisco Granados en la trama corrupta Púnica, David Marjaliza, ha salido este miércoles de la cárcel de Aranjuez (Madrid) después de 14 meses. El juez Eloy Velasco ordenó antes su libertad después de que el encausado haya satisfecho la fianza de 100.000 euros que le puso el magistrado.
Velasco impuso esa fianza a Marjaliza el pasado 16 de diciembre en atención a su colaboración con la justicia, pero hasta ahora el imputado no había podido cubrir la cantidad fijada.
Marjaliza ha pagado esta fianza con una finca en Valdemoro (Madrid) que los peritos han tasado en 176.795 euros. Si embargo, al abonarla con un bien inmueble, éste debe valorarse en algo más del doble de la cantidad exigida, por lo que el resto que le faltaba para poder abonarla, 11.602 euros, lo ha debido pagar en efectivo, han informado fuentes jurídicas.
Velasco decidió ponerle una fianza para que pudiera salir de prisión al entender que Marjaliza ha colaborado de forma positiva con la investigación (el pasado verano declaró trece horas a petición propia) y también que se ha visto disminuido el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Con su puesta en libertad, solo quedará en prisión por el caso Púnica Francisco Granados.
En el auto el juez declara considerar "bastante la fianza hipotecaria prestada conjuntamente con la consignación en efectivo realizada", por lo que acuerda la libertad a pesar de que "los hechos que se investigan continúan revistiendo la apariencia de delito y existan indicios racionales de criminalidad contra Marjaliza".
En la parte dispositiva, Velasco impone a Marjaliza la obligación de presentarse en el juzgado cada quince días y cuantas veces fuera llamado, fijar su domicilio en España y comunicar cualquier cambio de dirección al juez y entregar su pasaporte, a lo que suma la prohibición de abandonar el territorio nacional salvo con autorización suya.
"El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones determinará su detención inmediata y su ingreso en prisión incondicional", añade.
Velasco ha tomado dos decisiones más: por un lado, ha admitido que la Comunidad de Madrid actúe como acusación particular en este sumario de manera independiente a la que ejerce la Asociación De Abogados Demócratas de Europa.
Y por otro, ha confirmado un auto suyo por el que dividía en varias piezas el sumario, una decisión sobre la que tendrá la última palabra la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pues el magistrado se ha limitado a mantenerse en su anterior decisión y los recurrentes acudirán en apelación a la instancia superior.
En cuanto a la personación de la Comunidad de Madrid, el juez reconoce "la evidente diferencia de intereses que existe entre una asociación de abogados y una institución pública que trata de velar por el patrimonio público".
Ello hace "inviable" una actuación letrada conjunta, es decir, hace imposible que ambos actúen conjuntamente como acusación particular, considera Velasco.
