Hoy miércoles entra en vigor la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, una de las normativas más esperadas por la sociedad. En virtud de esta ley, los ciudadanos podrán consultar y solicitar información sobre los distintos organismos del Estado, incluida la Casa Real. La Ley contará con una página en Internet desde la que consultar información y formular cuestiones. A continuación desvelamos los puntos clave de esta norma.
¿A quién afecta?
Estarán obligadas a cumplir las normas sobre transparencia las administraciones públicas, y órganos constitucionales como el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Banco de España.
También la Casa del Rey, que responderá con el mismo régimen de transparencia que se exige, por ejemplo, a las Cortes Generales, así como los partidos políticos, las organizaciones empresariales, los sindicatos y todas aquellas entidades o instituciones privadas que cuentan con una financiación pública "relevante", como es el caso por ejemplo de la Iglesia Católica.
Acceso a la información
La ley obliga a todas las administraciones a poner a disposición de los ciudadanos, sin necesidad de solicitud previa alguna, toda la información cuyo conocimiento se considere de interés y, en particular, información institucional, de organización, de planificación, de relevancia jurídica y de relevancia económica, presupuestaria y estadística.
Los ciudadanos podrán acceder a través del llamado Portal de la Transparencia en Internet a información relativa a contratos, subvenciones, convenios o retribuciones de altos cargos.
Se incluye la obligación expresa de que la administración informe del perfil profesional de sus altos cargos.
Código de buen Gobierno
La ley establece los principios éticos y de actuación que deben presidir la labor de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de todas las administraciones. Entre ellos, transparencia, eficacia, buena fe y dedicación al servicio público, imparcialidad e independencia, equidad y no discriminación, conducta digna y corrección en el trato, deber de reserva o rechazo de ventajas personales.
Órganos de control
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno asumirá las funciones que el proyecto atribuía a la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Este nuevo órgano, independiente del Gobierno, no podrá ser destituido durante su mandato y estará encargado de vigilar la aplicación del principio de transparencia, y de resolver los conflictos que puedan surgir.
Infracciones y sanciones
La norma establece un amplio catálogo de principios éticos y más de una treintena de infracciones, con sus correspondientes sanciones, de aplicación a los miembros del Gobierno, secretarios de Estado y resto de altos cargos de la Administración del Estado y el sector público estatal.
El texto prevé sanciones como la destitución, la no percepción de la pensión indemnizatoria y la inhabilitación para los altos cargos que utilicen su puesto para obtener beneficio indebido para sí o para otro.
Las mismas consecuencias jurídicas recoge para casos de malversación de fondos públicos y de incumplimiento injustificado de la obligación de rendir cuentas, entre otros.
La Autoridad Fiscal independiente, creada por el Gobierno, pondrá en conocimiento de cada administración las infracciones detectadas, para que estas incoen el procedimiento y en su caso impongan la sanción, que puede llegar a la destitución e inhabilitación del cargo público.
