El Gobierno apuesta por una gestión pública "más austera, eficaz, transparente y responsable" como el mejor "antídoto posible" contra la corrupción y la "mala gestión" de los recursos públicos, en el objetivo de recuperar "el prestigio de lo público" y la "confianza de los españoles".

Así se pronuncia el Gobierno en la comunicación que ha enviado al Congreso con motivo de la celebración del debate del estado de la nación de los próximos 20 y 21 de febrero, y en la que anuncia que acudirá con "espíritu abierto, dialogante y receptivo" a las aportaciones de los grupos parlamentarios.

En el extenso escrito, de siete páginas, en el que no hace mención expresa a los recientes casos de corrupción, el Ejecutivo considera que fortalecer la instituciones y mejorar la calidad de la democracia es la mejor garantía para que las reformas puestas en marcha surtan efecto y permitan la recuperación económica y la creación de empleo.

El Ejecutivo subraya que en un momento como el actual, en el que los ciudadanos han dado "una lección de responsabilidad" a la hora de afrontar la crisis, "demasiado larga y demasiado profunda", añade, los ciudadanos exigen de sus gobernantes y representantes "la ejemplaridad que está en la base del vínculo democrático que les une".

"En este propósito, el Gobierno ni puede ni quiere ir solo, en el entendido de que la solidez de nuestras instituciones compete y atañe a todos cuantos forman parte de ellas", agrega.

La futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno entrará la próxima semana en una fase clave porque, a las nuevas comparecencias de expertos que el martes acogerá la Comisión Constitucional del Congreso, se suma la reunión que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, mantendrá con los distintos grupos parlamentarios para conocer sus iniciativas en este sentido.

Y, de nuevo, al igual que lo expuesto por los primeros expertos que desfilaron por el Congreso hace unos días, los dos de la ONG Transparencia Internacional, volverá a estar encima de la mesa la demanda de que la Casa del Rey y los partidos políticos también están sometidos a la norma, una petición que comparten varios grupos parlamentarios.

El Gobierno de Mariano Rajoy no incluyó a los partidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia pero, a raíz de la polémica suscitada por las actividades del extesorero del PP Luis Bárcenas, la propia vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría abrió la puerta al sometimiento de las formaciones políticas, si así lo acordaran entre ellas. Ahora bien, lo que dejó claro el Ejecutivo es que no ocurrirá los mismo con la Casa del Rey.