El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado hoy que el ordenamiento jurídico "debe y va a ser capaz" de hallar mecanismos para que el respeto a la libertad de expresión "no sirva nunca de parapeto" para atentar contra el honor o poner en peligro la seguridad de los ciudadanos y de los policías.

Fernández Díaz ha hecho estas manifestaciones durante su discurso en el acto de entrega de los títulos a los 18 nuevos comisarios principales del Cuerpo Nacional de Policía, la máxima categoría profesional a la que pueda aspirar un agente.

Ha aprovechado su intervención para referirse al anuncio que hizo ayer el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien dijo que se prohibirá "la captación, reproducción o tratamiento de imágenes, sonidos o datos de miembros de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones cuando puedan poner en peligro su vida o en riesgo la operación que están desarrollando".

"El ordenamiento jurídico debe y va a ser capaz de encontrar los mecanismos adecuados para conseguir que el respeto del derecho a la libertad de expresión no sirva nunca de parapeto para atentar contra el honor o poner en peligro la seguridad de los ciudadanos", ha subrayado el ministro.

Fernández Díaz ha recordado que los policías están para proteger los derechos de los ciudadanos, incluidos los de libertad de expresión e información, cuyo respeto es "condición necesaria para la buena salud de la democracia".

"Solo cuando la libertad de expresión se pervierta y se convierta en lesión al derecho al honor o instrumento para perturbar la seguridad ciudadana (...) el ordenamiento jurídico debe encontrar los razonables límites" para impedir que un derecho deje de ser tal para convertirse en "una conducta reprobable".

En esta línea, ha arremetido contra "aquellas conductas que, disfrazándose en el ejercicio de otros derechos como el de reunión o de manifestación, se conviertan en realidad en algo muy distinto".

Por todo, Fernández Díaz ha abogado por un "juego de equilibrios y ponderación en el ordenamiento jurídico" y de encontrar "los razonables límites" en los casos en el que el ejercicio de un derecho deja de serlo para convertirse en una conducta reprobable.