04 de julio de 2012
04.07.2012
Déficit

El Gobierno prepara un nuevo recorte de 30.000 millones

En el plan se incluiría la subida del IVA, además de ajustes en sueldos de funcionarios y prestaciones por desempleo

04.07.2012 | 23:40

El Gobierno está ultimando un nuevo paquete de medidas de ajuste de hasta 30.000 millones para cumplir el objetivo del déficit. El drástico recorte, equivalente a un tres por ciento del producto interior bruto, se sustanciaría sobre una bajada del sueldo a los funcionarios, la reducción de las prestaciones a los parados, la congelación de la pensiones y el cierre de televisiones públicas, según desveló ayer la agencia Reuters citando a una fuente cercana al Ejecutivo.

La decisión se tomará después de la reunión del Eurogrupo de la próxima semana, donde todo apunta a que habrá una relajación en la senda marcada por Bruselas. Otras fuentes del Gobierno señalan que la cuantía final podría ser menor. Se trata del tercer recorte de Mariano Rajoy en seis meses. El primero, de 27.300 millones, se aprobó vía Presupuestos (subida del IRPF y recorte de gastos). El segundo, de 10.000 millones, se llevó a cabo mediante el tijeretazo en Sanidad y Educación.

El dato de los 30.000 millones del nuevo ajuste se conoce después de que Mariano Rajoy anunciara el lunes que se dispone a "pisar el acelerador" de las reformas con nuevas medidas "difíciles" e instara a las autonomías a afrontar un mayor esfuerzo contra el déficit. Hasta ahora las administraciones públicas han puesto en marcha ajustes por 48.500 millones (27.300 millones del Estado, 18.100 millones de las regiones y 3.060 millones de los ayuntamientos), con recortes impopulares en Sanidad y Educación, así como el alza del IRPF y una amnistía fiscal.

"No hay una decisión tomada. Son cálculos técnicos. La idea es recortar el coste de los funcionarios para las arcas públicas, congelar las pensiones, meter también una bajada al coste de las prestaciones por desempleo y cerrar las televisiones públicas", dijo una fuente del Gobierno, en cuyo seno -añade "Reuters"- existe un fuerte debate interno. Está dividido en dos bloques: uno más liberal -el de los ministros de Industria, José Manuel Soria, y el de Economía, Luis de Guindos-, y el de los afines al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, más cercano a la sensibilidad del PP.

Algunas de las medidas podrían reservarse para los Presupuestos de 2013, momento en el que, según adelantó Montoro, está previsto que el Gobierno ponga sobre la mesa un plan fiscal para 2014, en línea con lo que piden Bruselas y el Fondo Monetario Internacional. Ante la recesión que atenaza a España, el FMI recomienda que se suavice el ritmo de consolidación fiscal, aunque al mismo tiempo insta a bajar salarios públicos, subir el IVA cuanto antes, acelerar las privatizaciones y quitar la deducción por compra de vivienda. El Ejecutivo estudia eliminar esa desgravación e instaurar el "céntimo verde", un impuesto sobre los hidrocarburos, aunque también existe debate interno sobre si dicha imposición debería utilizarse para pagar déficit o para el sector eléctrico.

El dirigente del PP Carlos Floriano abogó por poner fin al "sector público sobredimensionado" y a una "expansión administrativa insostenible". Se preguntó "si es imprescindible que haya 17 o 10 defensores del pueblo" y otros tantos tribunales de cuentas, organismos de la competencia, consejos consultivos y grupos empresariales públicos provistos de altos cargos y coches oficiales.

Ante la "urgencia" de inversión empresarial, Floriano se cuestionó si es necesario que se tengan que pedir 17 tipos de licencias y trámites en función de la comunidad. Se refirió a la existencia de 65.000 concejales, 1.040 diputados provinciales, más de 1.180 diputados regionales, además de diputados por el Congreso y el Senado, y más de 1.400 mancomunidades, además de 8.116 ayuntamientos, de los que sólo el 9 por ciento tiene más de 10.000 habitantes.

Mientras la patronal CEOE señalaba que el Gobierno tendrá que tomar medidas difíciles porque "no le queda otra opción", el PSOE instó a Rajoy a que "pise el freno del desmantelamiento del Estado del bienestar". Los socialistas están dispuestos a hacer ajustes en Educación y Sanidad "siempre que sean pactados". El principal partido de la oposición pedirá suspender la amnistía fiscal tras admitir ayer la Audiencia Nacional su denuncia. El tribunal ha dado un plazo al Gobierno de 20 días para remitir todo el expediente sobre el controvertido decreto que permite la regularización de activos ocultos en paraísos fiscales abonando un 10 por ciento de las obligaciones tributarias pendientes. Felipe González dijo, por su parte, que el Gobierno tiene muy poca relevancia en Europa". Por último, CiU y el PP abrieron la puerta a la supresión del pago de un euro por receta en Cataluña.

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