El Pleno del Congreso convalidará este jueves el Real Decreto Ley que incluye la recuperación temporal del Impuesto sobre el Patrimonio para rentas superiores a los 700.000 euros, gracias a los votos favorables del PSOE y al sí 'crítico' de las minorías de izquierdas.

Por su parte, el PNV, que históricamente se mantiene al margen en debates de carácter fiscal, ha anunciado su abstención, mientras que PP y CiU no han aclarado si votarán en contra o se decantarán por la abstención.

El Impuesto de Patrimonio, que fue eliminado por el Gobierno en 2008, gravará ahora patrimonios superiores a los 700.000 euros, lo que supone multiplicar casi por siete el límite anterior (cerca de 108.000 euros). Además, el mínimo exento para vivienda habitual se elevará a 300.000 euros, el doble de 2008.

El impuesto, que aportará unos 1.085 millones de euros, se restablece exclusivamente para los años 2011 y 2012, por lo que las declaraciones tendrán que presentarse y realizarse en los años 2012 y 2013. El Gobierno calcula que los nuevos parámetros del tributo afectarán a un total de 160.000 contribuyentes.

La liquidación extra de 1.085 millones irá a las comunidades autónomas que, hasta ahora, recibían una compensación por la supresión del Impuesto a través de la nueva ley de financiación autonómica que entró en vigor este año y que incluía una partida de 2.100 millones destinada a este fin.

En la memoria de análisis de impacto normativo que acompaña al decreto ley y a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno defiende que existen causas de "extraordinaria y urgente necesidad" para recuperar el Impuesto de Patrimonio derivadas de la difícil situación económica y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria asumidas por España y "disipar inmediatamente cualquier duda" de los mercados a este respecto, "por los graves riesgos que conllevaría no hacerlo".

Recursos adicionales para las CCAA

No obstante, recalca que el aumento recaudatorio previsto de 1.085 millones de euros no afectaría al Estado, ya que se trata de un tributo completamente cedido a las comunidades autónomas, a las que se dota de la posibilidad de obtener unos recursos adicionales a los que resulten del nuevo modelo de financiación, que ayudarán a cumplir "sus objetivos de estabilidad y del conjunto de España".

El Ejecutivo sostiene que el objetivo del restablecimiento del gravamen es "reforzar la estabilidad presupuestaria" mediante la obtención de una recaudación adicional cifrada en 1.085 millones de euros y también fomenta el "principio de equidad" a través del gravamen de la capacidad contributiva adicional que la posesión de un gran patrimonio representa.

En este sentido, precisa que dado que la normativa del Estado ha elevado el importe del mínimo exento hasta los 700.000 euros, así como la exención para la vivienda habitual, hasta los 300.000 euros. las comunidades que ya hubieran ejercido competencias en estos elementos deberán modificar su normativa "haciendo uso de su correspondiente corresponsabilidad fiscal".

En cualquier caso, el documento recalca que las comunidades deben disponer de un "mínimo margen temporal" porque les permite aprobar antes del 31 de diciembre de este año las modificaciones normativas que estimen oportunas. Asimismo, los 161.000 contribuyentes afectados en 2011 podrán conocer cuanto antes su condición de "obligados al pago", aunque no tengan que presentar la declaración hasta el ejercicio siguiente.

El Ejecutivo admite que el Impuesto de Patrimonio se trata de una "figura menor", lejos de las "piezas básicas" del sistema tributario" y no incide en el reparto de la carga tributaria que no deben soportar la generalidad de los contribuyentes, con lo cual no contradice la doctrina constitucional acerca de la legalidad del sistema tributario.