El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz pretende reforzar los indicios delictivos que podrían existir contra los tres imputados por el chivatazo a ETA que se produjo en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzoca) el 4 de mayo de 2006 llevando a cabo nuevas diligencias de investigación, informaron fuentes jurídicas.
El magistrado, que descarta completamente archivar la causa en el actual momento procesal, tiene la intención de retomar la instrucción con nuevas pesquisas que le permitieran volver a procesar al exdirector general de la Policía Víctor García Hidalgo; al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés; y al inspector José María Ballesteros.
Además, también investigaría la labor del comisario Carlos Germán y su equipo, que llevó a cabo la operación policial contra el aparato de extorsión de ETA y persiguió el chivatazo, aunque solo si le obliga de forma expresa el Pleno de la Sala de lo Penal.
La práctica de estas "nuevas diligencias" estará determinada por la dirección que marque el auto que los 14 magistrados de este órgano deben redactar para sustentar que no existen "indicios suficientes de delito" contra los tres imputados, como adelantaron ayer miércoles en el fallo de la resolución judicial, que según fuentes del Pleno podría tardar unos 15 días en ser redactada y notificada a las partes.
En el caso de no conseguir apuntalar los indicios contra los tres procesados ni encontrar datos que pudieran sustentar nuevas imputaciones, el juez Ruz podría dictar la conclusión del sumario sin procesamiento para que la Sala de lo Penal procediera a su archivo, tal y como solicitó en octubre de 2009 la Fiscalía.
Una de las principales pruebas de la investigación llevada a cabo por Ruz es la conversación que el dueño del 'Faisán' y recepctor del chivatazo, Joseba Elosua, mantuvo el día de los hechos con su yerno, Carmelo Luquin, cuando ambos cruzaban la frontera al objeto de alertar al enlace de ETA, José Antonio Cau Aldanur.
En ella, Elosua confirmaba que había recibido una llamada en la que una persona le advertía del dispositivo policial para "no fastidiar el proceso", lo que los investigadores interpretaron como una referencia a las conversaciones de paz que el Gobierno mantuvo con la banda durante la tregua que decretó entre marzo de 2006 y junio de 2007.
De igual modo, las citadas fuentes de la Audiencia Nacional han recalcado que en su primera declaración ante la Policía Elosua situó la delación unos veinte minutos después de su llegada al establecimiento, que se produjo poco después de las 11.00 horas, según registraron las cámaras del equipo de investigación.
A las 11.23 horas, Ballesteros llamó a Pamiés y estuvo en comunicación con él 8 minutos y 11 segundos, según los registros del repetidor de BTS de Zaisa-Irún. A esa hora el equipo de investigación detectó "la presencia indubitada" del inspector en las inmediaciones del 'Faisán', que salió del bar a las 11.31 horas, según consta en el sumario. Su imagen quedó registrada en los equipos de videovigilancia y él se reconoció en una declaración posterior ante el juez instructor.
En su primera declaración Elosua también reconoció que había acudido a una lonja de su propiedad --al objeto de destruir pruebas, según los investigadores--, aunque en comparecencias posteriores se desdijo de esta afirmación y se negó a reconocer a Ballesteros como la persona que le dio el teléfono. Fuentes jurídicas han recalcado a este respecto que estas contradicciones podrían responder a una estrategia de defensa o a que Elosua, de 76 años, no recordara bien lo sucedido.
