El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha abierto una investigación sobre los incidentes que se produjeron el pasado 15 de junio frente al Parlamento de Cataluña, cuando un grupo de manifestantes del movimiento 15-M trató de impedir el acceso de los parlamentarios autonómicos a la Cámara legislativa, y ha reclamado a la Fiscalía de Barcelona que le envíen las grabaciones que tengan sobre estos hechos.
En un auto dictado este miércoles, el magistrado admite a trámite la querella presentada por el sindicato Manos Limpias pero únicamente, tal y como pidió la Fiscalía el lunes, para perseguir los "actos de fuerza, intimidación o amenaza contra los miembros de la Cámara legislativa autonómica dirigidos a impedir la asistencia a sus sesiones y a entorpecer su labor".
El juez instructor entiende que los hechos denunciados podrían constituir un delito contra los Altos Organismos de la Nación, castigado con entre tres y cinco años de cárcel, y rechaza investigar los "incidentes contra el orden público", "atentados" y actos de "resistencia o desobediencia" que también se produjeron y que se estudian en los Juzgados de Barcelona.
A la Fiscalía de la capital catalana le reclama, además de las "grabaciones en formato electrónico que posean", las diligencias que ha llevado a cabo y gracias a las cuales se pudo "identificar a algunos autores de los hechos".
Algunos diputados autonómicos fueron objeto de insultos, abucheos y empujones cuando intentaban acceder a la Cámara a través del Parque de la Ciudadela de Barcelona, mientras que otros, como el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlamento, Núria de Gispert, fueron trasladados en helicóptero.
A pesar de que la fiscal Teresa Sandoval solicitó que se impusiera a Manos Limpias una fianza de 50.000 euros para poder personarse en la causa en un escrito en el que le acusaba de pretender establecer "una inquisición general" contra todas las actividades del 15-M, el juez acuerda rebajar esa petición a 3.000 euros, dado "el interés ciudadano" que, a su juicio, tiene "la persecución de delitos que afectan a sus instituciones esenciales, cual es el caso del Parlamento de Cataluña".
De igual forma, destaca la necesidad de "permitir el legítimo ejercicio de la acusación popular, compatibilizándolo con la intención legal de resarcir en su caso los hipotéticos daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso inadecuado de esta institución procesal".
La Fiscalía, sin embargo, apuntó en su escrito que las actuaciones de Manos Limpias eran "difícilmente compatibles con el legítimo interés de que se imparta justicia", al pedir que se investigaran en un mismo procedimiento otros incidentes que se produjeron en Madrid, Valencia, Getafe o Alcalá de Henares.
A su juicio, la pretensión de los querellantes "quiebra las más elementales reglas del proceso penal y aboca inevitablemente a una inquisición general prohibida en nuestra Constitución, y particularmente proscrita por la doctrina constitucional".
