El Pleno del Congreso tiene previsto debatir el próximo martes una proposición no de ley de Esquerra Republicana que plantea que los miembros de bandas o grupos armados que padecieron "persecución o violencia" puedan beneficiarse de las indemnizaciones que contempla la conocida como Ley de Memoria Histórica o, en su caso, de la futura Ley Integral de Víctimas del Terrorismo.

Esta iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, es consecuencia de la interpelación que el diputado independentista Joan Tardà formuló el pasado miércoles al ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, y en ella se compendian gran parte de las propuestas realizadas entonces por los republicanos.

Aunque Tardà llegó a proponer desde la tribuna de oradores que empresas, fundamentalmente constructoras, que "esclavizaron" a republicanos para construir embalses y carreteras corran con los cargos de las exhumaciones de los restos que aún se acumulan en fosas comunes del Valle de los Caídos, esta sugerencia no ha sido trasladada a la moción.

Esquerra sí defiende que el Congreso inste al Gobierno a presentar en dos meses un informe sobre las víctimas que padecieron violencia política durante la Transición para que no queden fuera de las leyes sobre esta materia aprobadas hasta ahora o que puedan ver la luz en el futuro.

También reclama que una comisión de expertos forenses y arqueólogos, de acuerdo con las asociaciones de familiares de personas enterradas en el Valle de los Caídos, elabore un informe sobre las medidas necesarias para poder culminar la localización e identificación de todos los restos que sean posibles para facilitar su exhumación y traslado si así lo piden sus familias.

Además, abogan por la creación de una comisión de juristas propuestos por el Gobierno y los grupos parlamentarios para proponer fórmulas que sirvan para resolver la contradicción jurídica existente entre las interpretaciones defendidas por la Fiscalía General del Estado y los tribunales de Justicia en relación con la nulidad de los juicios políticos del franquismo.

Según recuerdan, mientras que la Fiscalía considera la declaración legal de ilegitimidad de esas sentencias y de quienes las impusieron equivale a una nulidad, los tribunales sean mostrado a la nulidad de pleno derecho.

Por último, ERC pide que se adopten las disposiciones normativas necesarias para poder inscribir en el Registro Civil a aquellas personas desaparecidas cuyos datos no constaran en él, así como poder rectificar la información relativa a la causa de fallecimiento. A sus demandas añaden que se preste asesoramiento jurídico a las familias para poder realizar estos trámites.