Las diputaciones, los cabildos y consejos insulares son los órganos de gobierno de las provincias, de manera que administran sus intereses y aseguran la prestación integral y adecuada de los servicios públicos de competencia municipal en todo el territorio de la provincia.
Las diputaciones cooperan con los municipios mediante aportaciones económicas a través de los planes provinciales, recayendo la ayuda sobre materias como el saneamiento y control ambiental, la ingeniería y el urbanismo o el bienestar social.
En España hay 41 diputaciones, 7 cabildos y 4 consejos insulares.
Todas las provincias cuentan con diputación, a excepción de las comunidades uniprovinciales: Asturias, Cantabria, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja, así como las provincias vascas: Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y las insulares.
Las diputaciones provinciales son órganos de elección indirecta, ya que su composición se establece a partir de los resultados de las elecciones locales, en las que se eligen los representantes políticos de los ayuntamientos.
En el caso de las islas, en lugar de diputaciones lo que hay son cabildos y consejos insulares.
El cabildo insular es una entidad administrativa exclusiva de Canarias. Hay siete: en El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife.
Por su parte, el Consejo insular (Consell insular) es una institución propia de autogobierno de Baleares para Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
Sus miembros son elegidos por sufragio universal directo de los ciudadanos de cada isla. El cabeza de lista más votada ocupa automáticamente la Presidencia.
Ambas instituciones tienen competencias similares en turismo, medioambiente, cultura, deportes, industria, carreteras, caminos, agua potables y de riego, gestión de licencias de caza y pesca, museos, playas, transporte público u ordenación territorial.
También en régimen local, servicios sociales, inspección técnica de vehículos, patrimonio, infracciones y sanciones, deporte y ocio, agricultura, ganadería y pesca, caza o políticas de género.
Las 38 diputaciones de régimen común (no incluyen las tres del régimen foral) reciben alrededor de 4.500 millones de euros, de los que 3.903 son aportados por el Estado y 427 por las comunidades autónomas.
