La eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, ha presentado este miércoles una interpelación parlamentaria a la Comisión Europea para que se pronuncie sobre si la ilegalización de la coalición electoral Bildu por parte del Tribunal Supremo vulnera los derechos de ciudadanía europea.

Bilbao ha remitido además la sentencia de ilegalización al presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y al presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso y ha reclamado intervenir en el próximo pleno de la Eurocámara, que se celebra la semana que viene, para defender la participación en las próximas elecciones de "todas las opciones políticas".

"Estamos ante una sentencia política y no jurídica. Una sentencia que viola los derechos fundamentales no sólo de los votantes de Bildu sino también de todos aquellos que no lo son", ha criticado la eurodiputada del PNV.

Además, ha defendido que la sentencia "tiene una dimensión europea porque afecta a unas elecciones locales donde pueden participar casi 5.000 ciudadanos de otros Estados de la Unión con derecho a voto". "Por tener ese carácter europeo hemos enviado la sentencia al señor Barroso y al señor Van Rompuy para que vean con sus propios ojos cual es el contenido de las sentencias que se dictan en Europa", ha dicho.

En sus argumentaciones, el PNV explica tanto a los presidentes Van Rompuy y Barroso como a la comisaria de Justicia, Viviane Reding, que Eusko Alkartasuna y Alternativa "no sólo han condenado las acciones terroristas de ETA sino que cuentan en sus filas con amenazados y perseguidos".

También destaca que "la ilegalización se basa en el pasado reciente o remoto de algunos de los independientes que integran esta coalición y la afirmación, sin prueba alguna, de que todos los promotores de esta coalición siguen un plan diseñado por ETA". Denuncia además que la sentencia "obvia igualmente la expresa condena que han hecho del terrorismo todos los componentes de Bildu".

La eurodiputada del PNV recuerda a las instituciones europeas que "de consolidarse este fallo se va a eliminar de las elecciones a entre un 15 y un 20% del electorado activo, lo que propiciará que las instituciones resultantes del proceso no representen la realidad sociopolítica a la que se deben".