El informe elaborado por la Guardia Civil sobre la cinta de vídeo que grabó el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006, cuando se produjo el "chivatazo" que alertó a ETA sobre una operación policial contra su red de extorsión, descarta que los cortes que tiene la grabación sean "accidentales".

Según han informado fuentes jurídicas, esa es la principal conclusión que figura en el informe que el viernes pasado remitió el Instituto Armado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en respuesta a la solicitud del magistrado, que reclamó una nueva pericia sobre ese vídeo para confirmar el análisis realizado por la Policía en primer lugar.

En ese informe se detallaba que los cortes podrían haberse producido "por agentes externos, accidentalmente o por deterioro", lo que se contradice con la pericia de la Guardia Civil, que, según las fuentes consultadas, "descarta que (el corte) haya sido accidental".

Además, los agentes encargados de elaborar el nuevo informe "sitúan el corte en el momento de la grabación" y descartan que la manipulación se produjera con posterioridad, según han señalado las mismas fuentes, que no han precisado si en el informe se detalla quién podría haber manipulado el vídeo.

Sin embargo, si esa manipulación se produjo y se llevó a cabo mientras se estaba vigilando el bar Faisán, la autoría recaería sobre alguno de los miembros del equipo que iba a realizar la operación policial contra el aparato de extorsión de ETA, y al que después se ordenó investigar el "chivatazo" que la frustró.

Según explicaba Ruz el pasado 24 de enero en el auto en el que rechazaba la petición de la Fiscalía de que archivara la causa y ordenaba practicar nuevas diligencias, con esta nueva pericia pretende determinar si los cortes de la cinta "son simultáneos a la grabación original o si se producen con posterioridad, así como la intencionalidad o accidentalidad de los mismos".

Asimismo, el magistrado preguntó a la Guardia Civil si existe alguna técnica audiovisual por la que puedan recuperarse las imágenes borradas de la grabación original.

Ruz también reclamó diligencias sobre los cortes de las imágenes al equipo investigador de la Policía y le pidió una certificación de la cadena de custodia seguida sobre esa cinta hasta que llegó al Juzgado, además de identificar a los funcionarios o terceros que la tuvieron bajo custodia.

En la causa están imputados el exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo, el Jefe Superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y un inspector de la Brigada de Información de Álava.