Los grupos parlamentarios tienen de plazo hasta las 20:00 horas para pactar sus enmiendas a las propuestas de resolución derivadas del debate sobre el estado de la nación, aunque son las relativas a la sentencia del Estatut y a las pensiones las que más labor negociadora requerirán de los diputados.

Tras el debate sobre política general, celebrado el miércoles y jueves pasado, cada grupo tiene un cupo de 15 propuestas de resolución que se registraron en el Congreso el viernes y que serán debatidas y votadas en el pleno este martes.

Pero antes de que esto ocurra, existe un plazo de presentación de enmiendas, que concluye hoy, para buscar alianzas que permitan a cada grupo sacar adelante sus iniciativas.

La forma en que debe de aplicarse el Estatuto de Cataluña tras la sentencia del Tribunal Constitucional y la congelación de las pensiones son los dos grandes asuntos que se discutirán en la Cámara el martes, a tenor de las resoluciones presentadas por los grupos, que además han centrado gran parte de las propuestas en cuestiones económicas.

Respecto al Estatut, varios grupos intentan emular al Parlamento de Cataluña -que este viernes logró pactar una resolución con los apoyos del tripartito (PSC, ERC e ICV-EUiA) y de CiU- y, a lo largo del fin de semana estudian una propuesta unitaria.

Ante el "pacto de mínimos" de Cataluña -con una resolución que rechaza la sentencia del TC y que recuerda la definición de Cataluña como nación en el preámbulo del Estatut-, son ahora los diputados de las fuerzas políticas que lograron ese acuerdo los que intentan negociar otra resolución conjunta en el Congreso de los Diputados.

Con todo, cada grupo presentó el viernes su propia propuesta.

El PSOE, por ejemplo, quiere que el Congreso reconozca el malestar que la sentencia ha generado en Cataluña; no obstante, desde el acatamiento al fallo judicial y a la lealtad constitucional, pide al Gobierno que impulse los cambios legales necesarios para desarrollar al máximo el texto.

CiU, por su parte, pretende que el Gobierno se comprometa a desarrollar íntegramente el texto que aprobaron las Cortes Generales y refrendó el pueblo catalán en referéndum y, sin hablar explícitamente de respetar la Constitución o de acatar su contenido, sale en defensa del autogobierno de Cataluña.

Desde ERC, se incide en la vía independentista y se pide a la Cámara que declare su "respeto a cualquier proceso democrático para que Cataluña se constituya en un Estado"; ICV, por su parte, exige al Gobierno medidas para "garantizar el reconocimiento político y simbólico de Cataluña como nación" y para mejorar el autogobierno.

Todas estas visiones chocan con la del PP, que en su resolución aboga por el respeto a los consensos constitucionales que consagraron el Estado de las Autonomías y por el respeto a la Constitución y a las interpretaciones que de ella hagan los tribunales.

Este planteamiento es similar al de UPyD, que insta al Gobierno a no desarrollar normas legales que propicien el desarrollo del Estatut.

Al margen del texto catalán, la crisis ha copado la mayoría de las demás resoluciones.

Una de las cuestiones más defendidas en las propuestas -por PP, CiU, ERC-IU-ICV o CC- es paralizar la congelación de las pensiones anunciada por el Gobierno, por lo que, previsiblemente, los grupos también negociarán hasta mañana enmiendas que permitan sacar adelante alguna de estas iniciativas.