La crisis ha sacado a la luz el debate sobre la organización administrativa del Estado, no sólo en lo que se refiere a la reducción de ministerios, sino también al papel que juegan ayuntamientos, diputaciones o cabildos.
En pleno aluvión de recetas para ahorrar y conseguir más recursos, el ministro de Fomento, José Blanco, se preguntó hace una semana por la utilidad de las diputaciones, lo que abrió el debate sobre su papel y posible supresión.
La figura de las 41 diputaciones que hay en España, al igual que de los 7 cabildos y 4 consejos insulares viene regulada en el artículo 141 de la Constitución, que no especifica cuál es su tarea.
Para el presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maíllo, ésta está clara: "son instituciones que hacen un buen servicio al medio rural de este país y prestan servicios de todo tipo a municipios de menos de 20.000 habitantes".
El debate abierto es "artificial", dice, al tiempo que defiende su utilidad con un ejemplo: 65.000 kilómetros de carreteras del conjunto de todo España dependen de las diputaciones.
Las diputaciones, recuerda Maíllo (PP), son instituciones recogidas en la Constitución que de no existir "habría que inventarlas". "Mi partido siempre ha defendido la existencia de las diputaciones, salvo que ahora se decida que todos los ciudadanos vivan en grandes ciudades".
4.500 MILLONES PARA LAS DIPUTACIONES
Las 38 diputaciones de régimen común (no incluyen las tres del régimen foral) reciben alrededor de 4.500 millones de euros, de los que 3.903 son aportados por el Estado y 427 por las comunidades autónomas.
Los ayuntamientos, por su parte, tienen ingresos por valor de 10.581 millones del Estado y de 5.633 de las comunidades autónomas.
En conjunto, los ingresos de las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones y cabildos) proceden en un 55,6 por ciento del Estado y el 27,7 de las autonomías.
DEFENSORES DE UN MODELO "QUE COHESIONA"
El presidente de la Comisión de Diputaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias, Antoni Fogué, afirma, en referencia a las palabras de Blanco, que uno puede cuestionar el papel de las administraciones que "no son eficientes, sean diputaciones, ayuntamientos, gobiernos autónomos o incluso Estado, pero por un tema de eficiencia, no por razón de ser o existir".
Firme defensor de estas administraciones, no en vano preside desde hace años la Diputación de Barcelona, Fogué apuesta por el fortalecimiento de este modelo de servicios que sirve para "cohesionar y equilibrar" el territorio.
Tras calificar la estructura municipal de España, con 8.000 entes locales, como muy "atomizada y heterogénea", el presidente de la Diputación de Barcelona apoya la pervivencia de este nivel de la administración para evitar los desequilibrios y aumentar la eficiencia.
LA REVISIÓN DE UN MODELO
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ya ha abogado, más que por suprimir las diputaciones, por revisar "en profundidad" las administraciones públicas en España, basándose en la reorganización de la estructura con criterios objetivos ya que recuerda que hay Parlamentos autonómicos con 130 diputaciones mientras que otros tan sólo tienen 45.
En la misma línea, el ex presidente del Gobierno Felipe González afirmaba que la pasión reguladora de las autonomías tiene que coordinarse para no hacer en España un "exceso de reinos de taifas", con legislación distintas, porque ello podría ser un lastre para la economía.
Para el catedrático de Derecho Constitucional de la UNED Antonio Torres del Moral se debería revisar toda la estructura administrativa del Estado, empezando por el poder central y acabando por los 8.000 municipios que hay en España, los cuales, opina, se podrían "reducir perfectamente a la mitad".
También apuesta este catedrático por la posibilidad de suprimir las diputaciones y racionalizar las Delegaciones del Gobierno, lo que supondría una reducción del gasto y ventajas para el ciudadano con la disminución de burocracia.
LA CONSTITUCIÓN, FRENO PARA EL CAMBIO
No obstante, reconoce que la desaparición de las diputaciones choca con la Carta Magna, opinión que comparte el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo, quien advierte de que sólo mediante una reforma de esta ley se podrían reducir algunos de los niveles de la administración.
Pone como ejemplo de ello la provincia, como un ente territorial, mientras que, asegura, no sería posible suprimir el municipio porque, al igual que el Estado, es "prácticamente un derecho natural".
En relación a las diputaciones, aclara que éstas han servido para suplir las carencias de municipios muy pequeños, que no tenían "ni tan siquiera capacidad para recaudar sus propios impuestos".
En definitiva, Pérez Royo cree que es posible reducir el número de diputaciones e incluso plantearse su desaparición, aunque deja claro que esto pasa por una reforma constitucional, tarea "impensable" en estos momentos porque se tendrían que poner de acuerdo los dos grandes partidos.
La idea es compartida por Torres del Moral, quien está persuadido, dice, de que este tema no saldrá adelante porque PSOE y PP "no se ponen de acuerdo en nada".
EL APEGO POR EL MUNICIPIO
Desde el punto de vista económico, Luis Caramés, del Consejo General de Colegios de Economistas y catedrático de Economía Aplicada, cree que las diputaciones tienen sentido en relación con los municipios más pobres y pequeños, especialmente en aspectos como la gestión de los tributos o las inversiones.
Más crítico se muestra, sin embargo, con los municipios, entes a los que, a su juicio, habría que dar "una vuelta de tuerca", algo imposible en estos momentos porque desencadenaría una confrontación que tiene sus raíces en el apego sociológico, sentimental e histórico que tienen los ciudadanos a sus municipios.
Apego que, probablemente, no sientan por otras estructuras, como las diputaciones, las mancomunidades o los cabildos.
