Si no quiere convertirse en el primer político que acumula en su historial los cargos de ex ministro y ex presidente autonómico e ingresa en prisión, Jaume Matas deberá depositar antes de la medianoche del miércoles 7 una fianza de 3 millones. En ello trabaja en Madrid desde la semana pasada el propio Matas, que según apuntaban ayer en fuentes de la abogacía habría cerrado el viernes un aval bancario por valor de 1,5 millones de euros, que le obligaría a pagar al menos 90.000 euros anuales de intereses (un 1,5% cada trimestre).

Pese al grosor de la suma, al ex president no le alcanza para evitar la cárcel. Todo porque el juez José Castro, aludiendo al riesgo de fuga y a la capacidad de Matas para destruir evidencias, generar pruebas falsas y presionar a testigos, decreta en su auto una fianza que iguala el récord de la década: los 3 millones que se le impusieron al ex asesor de urbanismo de Jesús Gil, Juan Antonio Roca, por la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, solo superados en la historia por las fianzas aplicadas a los financieros Javier de la Rosa y Mario Conde y al ex secretario de Estado Rafael Vera.

Aunque la cifra podría haber sido más contundente. Lo afirma el propio juez Castro en su auto, en el que advierte de que "dada la gravedad de los hechos" el ex president del Govern y del PP balear "puede darse por satisfecho" al evitar una medida cautelar "más severa". Es decir: o una fianza aún más elevada, o directamente el ingreso preventivo en prisión. En evitarle el trago al ex president trabajaba ayer su abogado, Rafael Perera, que en una breve conversación con este diario se declaraba centrado en buscar fondos, aunque declinaba la posibilidad de ofrecer explicaciones al respecto. Mientras tanto, en Valencia, la diputada de Iniciativa Mireia Mollà cargaba contra Bancaja (entidad en la que Matas tiene una cuenta en la que recibió pagos supuestamente irregulares investigados en el caso Palma Arena) por "avalar a Matas para su fianza", según Mollà.

Más allá del aval bancario, las opciones de Matas pasan por encontrar fiadores en su entorno o acudir a su patrimonio. La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite cubrir fianzas con inmuebles, sobre los que habría que constituir una hipoteca. Aunque en ese caso, se exige que el valor de los inmuebles sea el doble del pedido de fianza en metálico. De ese modo, si el ex president quiere salvar la fianza con sus pisos y casas, debería obtener bienes por valor de seis millones (el doble que los 3 de fianza que le han fijado).

Le dificultará la tarea a Matas el hecho de que parte de su patrimonio está fuera de su alcance por un condicionante que el propio ex president se ha impuesto como parte de su estrategia de defensa: el que le llevó a esconder algunas de sus posesiones (las más opulentas de ellas, según sospechan el juez y la fiscalía, ocultas en Estados Unidos) y a minimizar el valor de otras, hasta el punto de disfrazar algunas bajo el nombre de presuntos testaferros. Ese es el caso del piso de lujo de 150 metros de superficie y 1 millón de euros de valor ocupado por la familia Matas en Madrid, que el juez considera del ex president pese a que este "pretenda ocultarlo mediante una burda e inútil estrategia".

Matas también podría recurrir a su posesión más famosa, el Palacete de 475 metros que posee en la calle Sant Feliu. Adquirido por 950.000 euros y reformado tras una inversión de 1,36 millones, está tasado por Hacienda en 2,5 millones. Sobre ella pesa una hipoteca, por lo que su valor no podría utilizarse íntegramente como fianza. Dispone además de un apartamento en la Colònia de Sant Jordi a nombre de su madre (a la que, según el juez, nadie ha visto por allí), con un valor de 196.000 euros, y un piso de gran superficie en La Rambla, pendiente de tasación judicial.