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l juez Fernando Grande?Marlaska reabrió ayer la causa sobre la identificación de los cadáveres del accidente del Yak-42 en Turquía, en 2003, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se lo ordenara al creer que las identificaciones de 30 de los 62 cuerpos se hicieron "erróneamente". El juez archivó el pasado 22 de noviembre la parte relativa a la identificación de los cadáveres al determinar que si bien no se hizo correctamente ello no supuso "alteración de la verdad en los elementos esenciales", es decir "el fallecimiento y causa de la muerte".

Tras conocer la decisión de la sección tercera de la Sala de lo Penal, que preside Alfonso Guevara, Grande?-Marlaska acordó "por mandato de la superioridad" continuar las diligencias y dio traslado a la Fiscalía y a las acusaciones para que en el plazo de diez días formulen sus escritos de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento del procedimiento. Con la resolución de la Sala de lo Penal, se estiman parcialmente los recursos presentados por las familias de los militares y revoca, también parcialmente, el auto de archivo de Grande-Marlaska porque excluye de la acusación del delito de falsedad documental al general José Antonio Beltrán, coordinador de la operación de recuperación de los cadáveres, que fue enviado expresamente por el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo. El tribunal obliga a continuar la causa por el delito de falsedad documental contra el general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez y al capitán médico Miguel Sáez.

Califica de "razonables" las dudas que tanto la Fiscalía como las familias han expuesto sobre los posibles errores en la identificación de los cadáveres de los militares, fallecidos en Trebisonda (Turquía); el 26 de mayo de 2003, y estima que esta conducta "conecta" con un falseamiento de la realidad. Por ello, considera que estas dudas "denotan una cuestión compleja, que ha de ser solventada" en un juicio, en el que se tendrá que resolver si se actuó de manera "imprudente" y si se procedió de forma intencionada. En el auto, la Sala argumenta que el general Navarro, a quien el fiscal acusa de elaborar la lista con los militares muertos y de "rellenar" de forma arbitraria los treinta espacios en blanco que correspondían a los militares que las autoridades turcas no pudieron identificar, puede haber incurrido en un delito de falsedad documental, castigado con una multa de 6 a 12 meses y suspensión de empleo por el mismo tiempo. El grupo parlamentario Popular expresó ayer su respaldo al diputado del PP Federico Trillo ante la reapertura de la causa del Yak-42.