La mayor conciencia social sobre el sufrimiento de los animales ha provocado un aumento de las personas que adoptan una dieta vegetariana o vegana. En España, las personas que optan por una dieta de origen vegetal representan un 10% de la población, según encuestas recientes, tratándose de un porcentaje que va en aumento año tras año.
A pesar de ello, existen numerosas trabas que impiden el desarrollo de dicha creencia o ideología que rechaza el sufrimiento de los animales por la dificultad de acceder a una alimentación vegana o vegetariana en centros educativos públicos (comedores escolares), centros de menores y centros penitenciarios, entre otros.
A mi juicio, las trabas que las personas veganas o vegetarianas encuentran a la hora de acceder a una alimentación acorde a sus creencias en centros o entidades de carácter público entran en absoluta colisión con el artículo 16 de la Constitución Española, que garantiza la libertad de ideología, enmarcándose el veganismo y vegetarianismo en dicha libertad ideológica de las personas. De igual forma, podemos plantear la colisión con los principios de igualdad y no discriminación.
Al respecto, el Defensor del Pueblo se ha pronunciado en su informe anual sobre la cuestión, tras la queja de una interna en un centro de menores, considerando el informe que el vegetarianismo y veganismo deben entenderse englobados bajo la protección del artículo 16 de la Constitución Española, que garantiza que las personas pueden acomodar su conducta a sus propias convicciones, sin la injerencia del Estado ni de los particulares, sin más límites que el respeto del orden público protegido por la ley.
En definitiva, se trata de que, tal como recoge el mandato constitucional, se garantice el desarrollo de las creencias e ideología de aquellos que con mayor conciencia y empatía han adoptado un estilo de vida compatible con el respeto a los animales, y puedan manifestarlo tanto en su esfera privada como pública.
