La alimentación de colonias felinas durante el estado de alarma está causando mucha controversia en los municipios que no velan por una efectiva protección de los animales. El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma prevé excepciones a la prohibición de circulación de personas por la vía pública, como puedan ser motivos de fuerza mayor, entre los que se cita la atención de animales.

Dicha cuestión ha sido reiteradamente aclarada por la Dirección de Protección de los Derechos de los Animales. El 21 de marzo se publicó en el BOE la Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen los criterios interpretativos para la atención de animales domésticos durante el estado de alarma. En dicha Instrucción se aclara que entre las actividades permitidas en el artículo 7 h) del Real Decreto se permite el desplazamiento de las personas cuya finalidad sea la alimentación, el rescate y el cuidado veterinario de los animales domésticos que habitan en los espacios públicos urbanos, cuando esta actividad no se realice en el marco de una prestación laboral, profesional o empresarial, es decir, se está refiriendo expresamente a las colonias felinas urbanas. Además, se tiene en cuenta que la no atención a estos animales puede significar un impacto negativo en la salud pública, que debe prevenirse, por lo que se permite la atención a colonias felinas cuando esta actividad viniera desarrollándose con carácter voluntario por entidades debidamente acreditadas por las administraciones.

El problema que se plantea es en relación a la alimentación de colonias felinas en los municipios donde los ayuntamientos no han desarrollado protocolos de actuación en colonias felinas, o implantado el método CES o CER. Éstos están impidiendo a las alimentadoras atender las colonias felinas mediante la imposición de sanciones. En vez de reconocer a estas personas el gran esfuerzo que realizan diariamente, se priman intereses ideológicos o la inacción de los entes municipales que no se adaptan a las necesidades de su propio municipio en materia de protección animal. Hasta en esta situación, los gatos ferales siguen siendo las víctimas.