La numerosa y amplia legislación vigente concerniente a los animales (tenencia, transporte, sacrificio, experimentación, instalaciones ganaderas, entre muchos otros aspectos) nos hace poner especial atención sobre la necesidad de dotar a todos los operadores jurídicos, policiales y administrativos de los suficientes medios para poder llevar a cabo una efectiva aplicación de las normas.
En concreto, vengo a referirme a la escasez de medios con los que en ocasiones cuentan las instancias policiales en las intervenciones derivadas delitos contra los animales o infracciones administrativas. La primera dificultad o limitación a su actuación es la ausencia de lugares especializados donde llevar a los animales víctimas de maltrato que son decomisados o intervenidos. No existen suficientes centros de carácter público que puedan acogerles. En la mayor parte de los casos, los animales víctimas de maltrato quedan bajo la responsabilidad de sus poseedores, durante el tiempo que dura la instrucción de los delitos o la tramitación de los expedientes administrativos.
Tampoco los agentes de la autoridad suelen contar con vehículos especializados para el transporte de los animales en situaciones de urgencia, provistos de la seguridad necesaria y adaptados a las necesidades.
La «captura» del animal también resulta una dificultad. Pongamos de ejemplo los animales víctimas de accidentes de tráfico, que quedan en las carreteras. Los agentes en la mayoría de casos no cuentan con los medios necesarios para lograr hacerse con ellos.
Por otra parte, las actuaciones llevadas a cabo durante los fines de semana suponen un problema añadido: ¿dónde se llevan los animales?, ¿a qué veterinario se acude? Debemos tener en cuenta que este tipo de actuaciones no sólo se circunscriben a perros o gatos, sino que en muchas ocasiones implican animales silvestres, utilizados en circos o explotados en granjas.
Es por ello que, si queremos lograr una protección eficaz de los animales debemos proveernos no sólo de leyes sino también de medios.
