Muy difícil la situación por la que atraviesan 2.000 familias alicantinas, que se encuentran a la espera de una vivienda social. Con el objetio de dar respuesta a esta demanda, la Generalitat que gestiona 5.472 viviendas públicas, ha aumentado la inversión para dar así soluciones a las personas sin recursos económicos. Unas ayudas que pretenden atajar la exclusión social y acabar con la situación que viven los colectivos más vulnerables de la provincia. Los datos son demoledores y desgraciadamente, no dejan lugar a dudas: el problema está aun lejos de encontrar una solución.
