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Calp «libera» 1,3 millones para restaurar el Club Social de Bofill que es una ruina

El gobierno local liquida los últimos 777.000 euros del préstamo del plan de pago a proveedores y tiene vía libre para invertir 5 millones y medio

El edificio de los grandes óculos aguanta, pero la plataforma que da al mar está hundida. a. p. f.

Un peso, no. Una losa. El Ayuntamiento de Calp acumulaba en 2012 un montaña de facturas pendientes. Tuvo que pedir un préstamo de 15 millones para saldar esa enorme deuda. Ahora, por fin, liquida el préstamo del plan de pago a proveedores. Abona los últimos 777.168 euros y se libera de ataduras financieras. El gobierno local (PP y Ciudadanos) lleva mañana a pleno una modificación de créditos para «invertir» los 6,2 millones del remanente positivo de tesorería. «Invertir» es la palabra justa. Hasta ahora el remanente se iba a amortizar la deuda con los bancos. Ahora el ayuntamiento ya puede destinar los 5 millones y medio que le quedan tras cancelar el citado préstamo a inversiones financieramente sostenibles.

Y el proyecto que más urge es el de rehabilitar el Club Social de la Manzanera, un edificio diseñado por Ricardo Bofill (es uno de los vértices del triángulo que completan la Muralla Roja y el Xanadú, conjunto en vías de declararse BIC) que desde hace años es una ruina.

El consistorio logró que la dirección general de Costas le diera la concesión de esta peculiar construcción (destacan los grandes óculos) en 2017. Está en dominio público marítimo-terrestre. Costas ya ha avisado de que si el ayuntamiento no lo restaura la cesión caducará.

Además de recuperar el edificio, cuyo interior está deteriorado por un incendio ocurrido hace años, el proyecto contempla crear una pasarela peatonal desde la cala de la Manzanera al Club Social y regenerar todo este tramo costero. Aquí se ensayó un modelo de arquitectura turística utópica e integrada en el paisaje. Así lo interpretó Bofill. Luego llegaron promociones más mazacote. Los edificios diseñados por el arquitecto catalán tienen tanta fuerza que ahora son el no va más en instagram y las redes sociales. La Muralla Roja atrae a grandes compañías que quieren grabar aquí sus anuncios publicitarios. El Club Social, una ruina, entusiasma a los instagramers más bohemios.

Remodelación de la Plaza Mayor

Pero con ese remanente que, tras abonar los 777.168 millones del préstamo del plan de pago a proveedores le queda al ayuntamiento limpio de polvo y paja, todavía se pueden acometer más inversiones. El gobierno local impulsará un «ambicioso» plan de asfaltado. También construirá dos puentes sobre el barranco del Pou Roig. Culminará las obras del edificio de la calle Puerto de Santa María, donde funciona desde noviembre la Casa de la Música, sede de la Unió Musical Calp-Ifach. Además, urbanizará el vial que conectará el centro urbano con la pasarela peatonal de la N-332. También queda dinero para remodelar la Plaza Mayor, un céntrico espacio urbano al que el consistorio quiere sacar más provecho y convertir en el «rovellet» del pueblo.

En el pleno de mañana, el gobierno local aprobará definitivamente el presupuesto. Y también tendrá lugar el debate del estado del municipio, un «invento» de César Sánchez, quien ahora, como diputado en Madrid, asiste al campanudo debate del estado de la nación.

El juez avala la libertad de alturas en el Saladar

Sí a lo alto, pero no a lo ancho. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha rechazado el recurso presentado por la Asociación Ciudadana Marina Alta Calpe contra la modificación puntual del PGOU que aprobó el 11 de julio de 2017 el equipo de gobierno de César Sánchez, del PP. La modificación consistía en cambiar la morfología urbanística en el suelo urbano del Saladar (está junto al lago de les Salines) para evitar «pantallas arquitectónicas», es decir, moles de edificios. Pero, a cambio, se liberaban alturas. El gobierno local permitía crecer a lo alto, pero no a la ancho. La asociación antes citada, que el juez afirma que se creó «ad hoc» para presentar el recurso, acudió a los tribunales para intentar que se anulara ese cambio urbanístico. Uno de sus argumentos era que la modificación del PGOU, que impulsó la entonces edil de Territorio y ahora alcaldesa, Ana Sala, no cumplió los requisitos de transparencia. El juez considera, sin embargo, que el ayuntamiento actuó con total diafanidad. La sentencia no es firme. La asociación demandante puede ahora presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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