El gobierno de Calp (PP y Ciudadanos) ha fiado sus inversiones de 2020, sobre todo la de restaurar el club social de la Manzanera diseñado por Ricardo Bofill, al millón de euros que prevé obtener de vender los derechos de edificabilidad de la parcela de primera línea de la playa de la Fossa en la que la promotora Construcciones Europeas de Jávea, S. L., quiere levantar una torre de apartamentos de 20 alturas. Este diario ya avanzó que la citada empresa adquirió en agosto de 2017 la finca de 9 alturas (La Calalga) que en los años 70 se construyó junto a la playa. El proyecto está ahora en exposición pública. Y ya ha recibido las primeras alegaciones de Compromís y de José Luis Luri, un vecino al que le escama que el ayuntamiento saque tan poco botín de permitir, al vender sus derechos de edificabilidad, que la promotora levante 6 alturas más de las que le tocan y suba de 46,46 metros a 68,70. Este ciudadano considera que los derechos del consistorio valen como poco 2,7 millones.

El quid de la cuestión es que cuando aquí se construyó la finca ahora condenada a la piqueta (son apartamentos de alquiler turístico) no se había aprobado el PGOU y el constructor no realizó las cesiones al ayuntamiento. Salen 792 metros municipales. El gobierno local les ha puesto ese precio de un millón de euros. Hace caja para las inversiones (de lo contrario, no tendría recursos para la partida de obra pública). Pero «sacrifica» ese compromiso de no permitir que en primera línea se levanten torres que superen las 15 alturas.

El portavoz de Compromís en Calp, Ximo Perles, rechaza la venta de la edificabilidad del ayuntamiento. Y reclama que se realice un informe avalado por el Registro de la Propiedad por si el consistorio está incurriendo en una «segregación encubierta».

Este concejal afirma que ahora surge la oportunidad de obtener una parcela urbana municipal en primera línea. Daría aire al masificado litoral del paseo de la playa de la Fossa y, además, el consistorio podría plantearse situar aquí un edificio de una altura para un consultorio sanitario u otro servicio público.

Perles, que está dispuesto a llevar al contencioso la operación urbanística en la que se ha enredado el gobierno local, afirma que levantar la torre causaría impacto paisajístico y medioambiental (aumentaría, entre otras cosas, el consumo de agua) y saturaría aún más este tramo costero.